La Unión Europea (UE) aumentó ayer la presión sobre el gobierno de Venezuela, al aprobar una serie de sanciones que incluyen un embargo de armas así como un marco de medidas para prohibir la entrada a los 28 países comunitarios y congelar los activos de aquellos que violen los derechos básicos en el país.
En una resolución adoptada por unanimidad en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE llamaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que “restaure urgentemente la legitimidad democrática, incluyendo elecciones libres y justas”, y a la oposición a que “continúe comprometiéndose unida para buscar una solución negociada a las actuales tensiones”.
El embargo de armas incluye todo material que podría ser usado para la “represión interna” en el país sudamericano. Aunque la prohibición de entrada a los países de la Unión Europea y la congelación de activos no se produce de forma inminente, los ministros dejan la puerta abierta a su aplicación.
Las sanciones, explican, “se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigiéndose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y en la violación de los derechos humanos”.
Para revertir las sanciones, los representantes de los 28 países de la UE exigen que se lleven a cabo negociaciones creíbles, se respeten las instituciones democráticas, se adopte un calendario electoral completo y que sean puestos en libertad “todos los prisioneros políticos”.
Por su parte, Venezuela repudió las sanciones aprobadas ayer por la UE contra el país, entre ellas un embargo de armas y el congelamiento de activos de acusados de violar derechos humanos, al calificarlas de “ilegales, absurdas e ineficaces”.
La Cancillería venezolana dijo que las medidas de UE violan descaradamente el derecho internacional y los “sagrados” principios de respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados.
Por otro lado, Estados Unidos acusó ayer a Venezuela de ser una “amenaza” para el mundo durante una reunión en Naciones Unidas, a la que no asistieron Rusia y China en un gesto de respaldo al gobierno de Nicolás Maduro.
Tras intentar sin éxito el pasado mayo introducir la cuestión en la agenda del Consejo