Un tribunal de apelaciones decidió ayer mantener el bloqueo que pesa sobre el veto migratorio del presidente de Estados Undos, Donald Trump, proclamado en marzo para prohibir la entrada a territorio estadunidense de refugiados y de nacionales de seis países de mayoría musulmana.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que el mandatario “excedió el alcance de su autoridad” al firmar el 6 de marzo su orden ejecutiva sobre inmigración y, por ello, decidió mantener bloqueadas las partes más importantes del decreto.
El veto migratorio de Trump ya se encuentra en el Tribunal Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), fallara en su contra el pasado 25 de mayo.
Por tanto, el fallo del tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito refuerza los argumentos de los opositores a la medida y pone una mayor presión sobre el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admitirá a tramite el caso.
Por su parte, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron ayer que han detenido a 54 inmigrantes latinoamericanos en una operación llevada a cabo la semana pasada en California y dirigida contra criminales, indocumentados y “prófugos” del sistema migratorio.
Entre los detenidos había 52 hombres y dos mujeres. La mayoría de ellos eran mexicanos (53) y había un salvadoreño entre los arrestados, precisó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Por otro lado, dos fiscales generales demandaron ayer a Trump por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de gobiernos extranjeros, lo que podría violar la Constitución del país.
La demanda, interpuesta ayer por el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, en un tribunal federal se centra en la posibilidad de que países influyan, a través de sus pagos a la Trump Organization, en el presidente.
Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr.
Los fiscales generales acusaron a Trump, en una rueda de prensa en Washington, de una “flagrante violación” de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear una Administración “corruptible”.
En tanto, el fiscal general, Jeff Sessions, testificará este martes sobre la trama rusa ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia que será pública, según informó ayer el Departamento de Justicia.
Así también, el congresista estadunidense de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo ayer que Trump hará un cambio “serio” de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba de su predecesor, Barack Obama.
Por otro lado, el G7 de Medio Ambiente concluyó ayer con una declaración unánime en la que figura un excepción de Estados Unidos, que no secunda el Acuerdo de París de 2015, aunque, afirma, seguirá reduciendo sus emisiones “de forma coherente a sus prioridades internas”.