El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ofreció ayer a debatir un sistema de salud universal y gratuito para el país, tras más de un mes de huelga de médicos bolivianos, cuyas protestas se extendieron de las calles a las carreteras.
Los médicos rechazan un artículo del nuevo Código Penal de Bolivia que penaliza incluso con cárcel la mala praxis médica, en un conflicto que el gobierno boliviano atribuye a intereses políticos de dirigentes del sector sanitario.
“Vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar ese sistema de salud”, anunció el presidente, en su intervención tras la firma de un contrato para un nuevo hospital en una zona rural de La Paz.
Morales expresó el deseo de su Ejecutivo de “debatir con médicos, con todos los movimientos sociales de Bolivia, para que el pueblo se sienta protegido por el Estado”, en lo que definió como “un encuentro nacional para la salud y la vida”, sin concretar una fecha.
“Quizás un poco atrasados”, el gobierno pretende un sistema en el que “los pobres accedan y la salud sea gratuita, esa es la meta”, apuntó el mandatario de Bolivia, donde no toda la población cuenta con un seguro de asistencia médica.
Por su parte, en una comparecencia ante los medios en La Paz, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, advirtió de que con esta huelga la sanidad privada boliviana “está haciendo negocio, están haciendo el agosto”.
“No es un conflicto gremial, sino de cálculo político”, añadió, al considerar que el objetivo es “desgastar al gobierno” mediante protestas promovidas por “activistas políticos” de la oposición.
Al respecto, aseguró de miembros de fuerzas opositoras como Acción Democrática Nacionalista “encabezan” protestas en las que “reparten” cócteles molotov para lanzarlos a la policía.
García Linera, anunció ayer que no buscará la reelección en los comicios de 2019 porque se dedicará a la formación de nuevos líderes del oficialista Movimiento Al Socialismo.
Morales sostuvo ayer que los médicos que están en huelga “tratan de terminar con la salud pública”, a 35 días de iniciada la medida de fuerza en oposición a un artículo del nuevo Código Penal.