Europa Press

Madrid

La Fiscalía de Bolivia ordenó ayer la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del gobierno de Rodrigo Paz.
Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se sumó el Ministerio de gobierno.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
Morales acusó al actual Ejecutivo de estar detrás de la orden de detención, asegurando que “buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que abandonó al pueblo y protege la corrupción”.
El exmandatario reiteró que está “del lado de quienes sufren” y advirtió de que “con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos provocaron”.
“Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano El Deber.
De acuerdo a un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el “coste” humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que “se manejaron muchas cifras”, recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales “que correspondan”.