Paraguay atraviesa estos días una profunda crisis política e institucional que afecta a los tres poderes del Estado, apenas tres meses antes de las elecciones nacionales del 22 de abril.
El poder judicial ha ido perdiendo credibilidad después de que se divulgaran en medios locales y redes sociales una serie de audios en los que se escucha a algunos políticos, jueces y fiscales tratando de incidir en ciertos casos a cambio de dinero.
A raíz del impacto que provocó el escándalo en la población, cada vez son más las voces que reclaman una reforma total del sistema judicial, que según la oposición está controlado por el poder político.
“Tenemos un esquema de justicia que responde a intereses políticos y con un nivel de corrupción sin precedentes. Se convierte entonces en factor de extorsión, de chantajes más que de garantía para la ciudadanía”, dijo el ex senador y candidato presidencial Efrain Alegre, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de centroderecha.
El diputado Carlos Portillo, también del PLRA y que fue desaforado ayer para que responda por acusaciones de posible tráfico de influencias, se quejó de que “el poder judicial no es garantía para ningún ciudadano”. (DPA / Asunción).