Redacción / Agencia Reforma

Buenos Aires

Empleados públicos argentinos realizaban ayer una huelga nacional y se movilizaban en Buenos Aires y otras ciudades del país en reclamo de aumentos salariales y en contra de los despidos y la reducción de presupuesto que ha dispuesto el presidente Javier Milei en las estructuras del Estado.
La jornada de protesta está encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) —con afiliados que son empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal en empresas estatales y entes autárquicos—, que se manifestó dispuesta a confrontar con Milei “en todos los planos como única posibilidad de frenar un ajuste que resquebraja todo el tejido social y productivo”, según información de AP.
Cuando convocó al paro días atrás Rodolfo Aguiar, titular de ATE, reclamó la reapertura de las negociaciones salariales alegando que los aumentos que fueron acordados durante 2024 alcanzaron 73.3 por ciento, “quedando muy lejos del 117.7 por ciento de inflación” anual.
Aguiar cuestionó que el gobierno otorgó “un mísero aumento” de 1.5 por ciento y 1.2 por ciento para enero y febrero, respectivamente. La suba de precios en el primer mes del año fue de 2.2 por ciento, mientras que la inflación de febrero —de la que el gobierno informará en los próximos días— sería de 2.9 por ciento según estimaciones privadas.
Cuando transcurría la jornada de huelga y una de las protestas callejeras programadas en el centro de la capital argentina, Aguiar anunció que el gobierno convocó al sindicato para entablar negociaciones salariales el viernes.
“Si es una estrategia para atenuar el conflicto fracasará”, advirtió el sindicalista en sus redes sociales.
El sindicato de los estatales exige “la inmediata reincorporación de todos los trabajadores cesanteados sin causa justificada y la automática renovación de todos los vínculos (laborales) que vencen a fines de febrero y de marzo”.
Los estatales concluyeron su jornada de protesta en la Plaza de Mayo, donde se encuentra la casa de gobierno.
Por su parte, Médicos, enfermeros y pacientes marcharon ayer “en defensa de la salud pública” en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Javier Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención sanitaria y el recorte de insumos médicos.
Mientras, la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de Milei, calificó a personas con distintos grados de discapacidad como «idiotas», «débiles mentales» e «imbéciles» en una resolución publicada el mes pasado en el Boletín oficial de la Nación argentina y que tuvo amplia difusión ayer, según información de EFE (Con información de Agencias).