Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / La Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó ayer que el bloqueo de sindicatos y organizaciones sociales que exigen su renuncia podría levantarse “en los siguientes días” de forma pacífica y denunció los intentos de desestabilización a través de redes sociales.
“Estoy seguro que en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del Departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”, declaró desde Cochabamba, en el centro del país, durante un acto en el que apeló a la reconciliación nacional y a la defensa de la democracia.
Paz planteó que la salida al conflicto se construya sobre acuerdos amplios y entendimientos entre los distintos sectores del país. “Tiene que ser sobre acuerdos grandes, tiene que ser sobre reconciliación, sobre cómo vamos a trabajar todos los bolivianos”, argumentó tras presentar la Ley de Alivio Tributario.
El presidente destacó su vocación de diálogo y pacificación, aunque reconoció que el proceso exige paciencia en medio de la tensión social y política que vive el país. Paz distinguió así entre quienes plantean demandas legítimas y los grupos que, según dijo, buscan aprovechar el conflicto para generar inestabilidad.
“Hay que saber quiénes realmente están reclamando de forma correcta y honrada y quiénes están queriendo hacer daño a la democracia”, indicó.
El mandatario insistió en que el gobierno no tiene intención de privatizar empresas o servicios públicos y que las medidas económicas de su gobierno están orientadas a reactivar la economía, aliviar la situación de pequeños contribuyentes y fortalecer las capacidades productivas de las regiones.
Mientras, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margot Pérez, explicó que las órdenes de detención por terrorismo emitidas contra el máximo responsable de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, fueron anuladas, sino suspendidas temporalmente por una falta de fundamentación de la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal de Bolivia reclamó ayer diálogo al gobierno y los movimientos sociales ante la crisis social en el país, donde las fuertes protestas de las últimas semanas derivaron en bloqueos de carreteras que dificultaron el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto.
La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, rechazaron negociar con el gobierno, pero anunciaron el domingo la apertura de corredores humanitarios para el paso de suministros esenciales.
Los bloqueos se extendieron a seis de las nueve regiones del país. La situación es más complicada en La Paz, la sede del gobierno, que lleva 30 días aislada del resto del país con escaso suministro de alimentos y combustible y reservas mínimas de oxígeno en los hospitales.
La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos -la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas-, 23 heridos y 321 detenidos