El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó ayer que pidió la captura contra varios ex guerrilleros por su presunta participación en un crimen de guerra en el que fueron asesinados tres asesores estadunidenses durante la guerra civil.
Este es el primer caso en el que la fiscalía ordena detener a presuntos criminales de guerra en el marco del conflicto armado salvadoreño, que tuvo lugar entre 1980 y 1992 y en el que murieron 70 mil personas.
Ningún caso de crimen de guerra o de lesa humanidad se había juzgado debido a la existencia de la Amnistía General de 1993, la cual fue derogada en julio del año pasado.
El hecho que ahora investigará la fiscalía ocurrió el 2 enero de 1991, cuando la guerrilla derribó un helicóptero de la Fuerza Armada Salvadoreña en Lolotique, San Miguel, al oriente de El Salvador. En el hecho dos militares estadunidenses fueron asesinados estando heridos, mientras que uno falleció a causa del derribo.

Choques entre campesinos y
policías en Perú deja dos muertos

Dos hombres murieron por impactos de bala en medio de choques entre policías y campesinos que intentaban tomar una comisaría para golpear a presuntos delincuentes en el departamento peruano de Puno, en el sureste del país, confirmó ayer la policía.
El jefe de la policía de Puno, Roger Tello, señaló que la violencia se desató el martes por una confusión de los campesinos del centro poblado andino La Rinconada, quienes creían que entre los ocho supuestos delincuentes arrestados en la comisaría habían policías.
Los pobladores de La Rinconada, dedicados al campo y la minería, tiraron piedras contra la comisaría y quemaron una patrulla, por lo que los agentes tuvieron que responder con disparos para retomar el control.

Exigen cese de operaciones de la mina San Rafael en Guatemala

El pueblo Xinca de Guatemala demandó ayer el cese definitivo de las operaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc. debido al “grave” daño causado al medioambiente en varias regiones del departamento suroriental de Santa Rosa.
Cientos de pobladores xincas se manifestaron de forma pacífica este miércoles en la capital y se concentraron en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, donde exigieron la salida de la empresa de sus comunidades.
Uno de los habitantes de Santa Rosa de Lima, Waldemar Camey, aseguró que la mina, que tiene cinco años de operaciones, los ha dejado sin agua y sin bosques.
“Los pozos de agua que habían ya desaparecieron, han contaminado el agua y desforestado la zona”, sostuvo, y agregó que mientras permanezca la empresa en ese lugar “no vamos a levantar los plantones” que mantienen en las afueras de la mina. (DPA / EFE / San Salvador / Puno (Perú) / Guatemala).