Redacción / Europa Press

Guayaquil / Madrid

La policía de Ecuador informó que los tres cuerpos encontrados la tarde del martes en las inmediaciones de la Base Aérea de Taura fueron llevados al departamento de Medicina Legal de Guayaquil —a unos 40 km de distancia—, casi a la medianoche.
Ahí deberían ser analizados luego de que equipos de la Fiscalía, el Servicio de Criminalística y la dirección nacional encargada de investigar desapariciones, conocida como Dinased, acudieran hasta el lugar y realizaran el levantamiento de los restos mortales.
La fiscalía anunció que hará un cotejamiento de huellas y análisis de ADN para establecer si coinciden con los de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil el 8 de diciembre.
Una funcionaria policial no autorizada a ser identificada como condición para poder hablar del caso confirmó a The Associated Press que la policía había hallado varios cuerpos en una zona de manglar, cercana a Taura, donde está la sede militar de la zona costera, aunque no informó sobre el número de cuerpos e indicó que estaban investigando si se trata de los menores.
Dos funcionarios de la fiscalía, que pidieron no ser identificados por no estar autorizados a dar declaraciones, indicaron a la AP que los cadáveres estaban calcinados y con signos de violencia.
Casi en paralelo, el ministro de Defensa ordenó poner bajo custodia a 16 militares por la detención y posterior detención de los menores, en un caso que ha sacudido al gobierno del presidente Daniel Noboa y que la Fiscalía considera que podría tratarse de un caso de desaparición forzada.
El pasado 8 de diciembre, cuatro jóvenes de 11 años, dos de 14 y uno de 15 fueron detenidos en un operativo militar en un barrio popular al sur de Guayaquil y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades aseguraron inicialmente que habría grupos de delincuencia involucrada en la desaparición, pero días más tarde informaron que los menores fueron detenidos por militares y después liberados.
En una audiencia de habeas corpus celebrada en la tarde del martes —cuyo fin es solicitar la liberación de personas detenidas sin garantías legales—, la fiscalía pidió fijar fecha para formular cargos por “desaparición forzada” contra los 16 militares que participaron en el operativo y que prestan servicio en la base cercana a donde se encontraron los cuerpos.
Por otro lado, la Fiscalía de Ecuador registró el pasado lunes de madrugada la base militar de Taura, ubicada al norte de Guayaquil, en relación a la desaparición a comienzos de mes de cuatro menores en la misma zona.
Según la denuncia realizada por los padres de los menores, agentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizaron disparos al aire y persiguieron a los cuatro niños, que salían de jugar al fútbol el pasado 8 de diciembre.
Sobre este asunto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha incidido en la necesidad de dar “respuestas” sin importar quién esté involucrado, si bien ha señalado que el caso no debería ser tratado como un crimen de Estado.

Regresan su cargo a la vicepresidenta y Noboa la envía a Turquía

Un tribunal de Ecuador ha revocado la suspensión de Verónica Abad como vicepresidenta del país y ha reclamado al Ministerio de Trabajo que presente disculpas públicas por su decisión, si bien la política ha denunciado poco después que las fuerzas de seguridad le impiden entrar en su despacho y ha denunciado “la consumación del anunciado golpe de Estado y atentado contra la democracia” en el país sudamericano.
Abad fue suspendida de empleo y sueldo durante un periodo de 150 días por “abandono injustificado” de sus funciones al retrasar varios días su traslado de Israel hacia Turquía, en un cambio de legación diplomática por el conflicto en Oriente Próximo, en medio de sus tensiones con el presidente ecuatoriano, Noboa.
Sin embargo, la vicepresidenta afirmó que realizó el traslado a tiempo y afirmó que la decisión de nombrarla embajadora en Israel busca apartarla de la Administración para que no sustituya en el cargo al mandatario cuando comience la campaña electoral de 2025, comicios en los que Noboa buscará la reelección.
Así, la jueza Nubia Vera ha aceptado la apelación presentada por la vicepresidenta y ha pedido a la titular de la cartera de Trabajo, Ivonne Núñez, que pida disculpas públicas a Abad mediante un mensaje a la nación en un plazo de 72 horas, si bien la propia ministra ha dicho que el fallo es “una decisión que no tiene certeza y que es “parcial”.