El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció ayer un “intento de golpe de Estado judicial”, al comparecer ante una comisión del Congreso que debe recomendar al plenario quitarle o no la inmunidad para procesarlo por corrupción. El mandatario conservador, en el poder desde 2022, es acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel. Esta es la primera vez que un presidente de Costa Rica enfrenta un pedido de desafuero, el cual fue aprobado por la Corte Suprema el 1 de julio y sobre el que ahora debe resolver el pleno de la Asamblea Legislativa unicameral, controlada por la oposición, según información de AFP. “Aquí estoy frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial”, señaló Chaves, un economista de 64 años, al presentarse ante la comisión parlamentaria. La Fiscalía acusa al mandatario -un exfuncionario del Banco Mundial- de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la presidencia a darle 32 mil dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz. Según la acusación, la contratación de la empresa para prestar servicios durante el mandato de Chaves, que termina el año próximo, se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido. Chaves calificó el caso como un “montaje” y “mentiras” del fiscal general, Carlo Díaz t Foto: Tomada de Internet