El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las actuaciones para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.
A cuatro días de la fecha fijada por el gobierno catalán para celebrar el referéndum, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
La juez solicitó también a la Fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum ilegal, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.
No obstante, la magistrada avaló en su auto judicial la decisión de la Fiscalía de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio español de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.
En una de sus últimas instrucciones, a la que tuvo acceso, la Fiscalía ordenó a las policías locales garantizar que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referéndum.
La Fiscalía dispuso también que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d’Esquadra, después de que la policía catalana expresara sus reticencias a la orden de precintar los locales del referéndum antes del próximo sábado.
El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió ayer a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia”, ante el riesgo de alteraciones en el orden público.
Por otro lado, la Justicia española investigará si hubo un presunto delito de sedición en los disturbios que tuvieron lugar hace unos días en Barcelona a raíz de los registros y detenciones perpetrados por la Guardia Civil en el marco de un operativo contra el referéndum soberanista unilateral convocado en Cataluña.
Altos cargos del gobierno regional catalán detenidos por orden judicial por organizar el referéndum, dijeron ayer que denunciarán al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.