El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, que le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves o en caso contrario tomará medidas.
El 10 de octubre Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde dijo “asumir” los resultados del referéndum soberanista ilegal del 1-O, en el que con una participación en torno al 43 por ciento algo más de dos millones de catalanes apostaron por convertir su comunidad en una república independiente de España.
Esa confusa declaración llevó al gobierno español que preside Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no ha hecho ayer, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.
En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre la petición de Rajoy y pide al gobierno central “dos meses” para dialogar y negociar una salida política a lo que considera contencioso entre Cataluña y el Estado.
“No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina ‘conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña”, respondió Rajoy de forma inmediata, también por carta.
“Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”, añade la misiva.
Por su parte, Puigdemont hizo hincapié en que los efectos del “mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre” están “suspendidos” porque su “voluntad” es “encontrar la solución y no el enfrentamiento”.
La indefinición del presidente catalán no ha satisfecho al gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió ayer mismo dar una respuesta “clara” antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Si no hay respuesta convincente el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta para asumir directamente competencias que hasta ahora ejerce el Gabinete catalán.
En su carta, Rajoy advirtió a Puigdemont de que éste será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia a su artículo 155.
En este punto el gobierno español tiene el respaldo del primer partido de la oposición, los socialistas del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó ayer de “inadmisible” la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 será el presidente regional su único responsable.

Envían a prisión a dos líderes independentistas por presunto delito de sedición

Jordi Sànchez, de 53 años y Jordi Cuixart, de 42 años, los líderes de las entidades civiles que impulsaron en los últimos años las grandes marchas independentistas en Cataluña, fueron enviados ayer a prisión provisional sin fianza por un presunto delito de sedición en relación con incidentes vinculados al proceso separatista catalán.
La jueza de la Audiencia Nacional que investiga las movilizaciones que tuvieron lugar en la noche del 20 al 21 de septiembre en Barcelona llegó a esta decisión, muy criticada en el independentismo, tras tomar declaración por segunda vez al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Cuixart.
La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
Por otro lado, el consejo de administración de Unideco SA, empresa holding del grupo Codorníu Raventós, especializado en la producción de vinos y cava, anunció ayer que trasladará su sede social fuera de Cataluña “ante la situación de incertidumbre política y jurídica” en esa región española.