El gobierno central mantendrá intervenida la autonomía de Cataluña si Carles Puigdemont es investido presidente de la región pese a estar huido en Bruselas, avisó ayer el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, dos días antes de que se constituya el nuevo Parlamento catalán.
La intervención “seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente”, anunció el mandatario ante la junta directiva de su Partido Popular (PP), aclarando además que “no hay margen para ser presidente a distancia ni por delegación ni por otro tipo de trampa”: una alusión a los planes de Puigdemont.
Puigdemont puede ser elegido otra vez jefe del gobierno catalán porque la fuerzas independentistas sumaron mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, huyó a Bruselas tras ser destituido el 27 de octubre por Madrid y si regresa a España será detenido por presuntos delitos vinculados a su plan independentista.
Su plataforma Junts per Catalunya (JxCat) intenta por eso que el ex “president” sea investido de forma telemática en Bruselas. Un informe no vinculante de los letrados del Parlamento conocido ayer rechaza esa posibilidad y estipula que es “imprescindible” que el candidato a presidir el gobierno catalán asista al pleno, en parte porque debe poder debatir de forma directa con todos los grupos.
La incógnita sobre el futuro de Puigdemont debe resolverse antes del 31 de enero, primera sesión de investidura. El gobierno de Rajoy adelantó ya que recurriría ante la Justicia un nombramiento de Puigdemont a distancia. La situación promete volver a subir la tensión entre Barcelona y Madrid las próximas semanas.
Por otro lado, el partido del independentista catalán Puigdemont, refundado ahora como PDeCAT, recibió ayer un golpe judicial: la Justicia ordenó el decomiso del dinero que cobró en comisiones ilegales en el marco de una conocida trama de corrupción.
La Audiencia de Barcelona consideró probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), predecesora del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), recibió 6.6 millones de euros de la empresa Ferrovial a cambio de contratos de obra pública entre 1999 y 2009.
Las sospechas por el llamado “caso Palau” sobrevolaron en los últimos años el partido del primer impulsor del proceso independentista catalán, Artur Mas, hasta el punto de que en 2016 abandonó las siglas CDC y fue refundado como PDeCAT.