A pocas semanas de terminar su gobierno, el presidente de Perú, Ollanta Humala, respaldó un hito en la defensa de los derechos humanos, tras promulgar ayer la ley que permitirá la búsqueda de miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que asoló su país entre 1980 y el 2000.
El gobernante, que dejará el cargo el próximo 28 de julio, promulgó el decreto que oficializó la ley, que fue aprobada por el Congreso el 26 de mayo pasado y tras recibir pedidos en ese sentido de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La medida, tomada dos días antes del vencimiento del plazo legal en el que podía ser oficializada, incide en el aspecto humanitario de esa tarea y reconoce los derechos de los familiares de los desaparecidos, por lo que dispone medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos.
Precisa, además, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la entidad encargada de aprobar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento del Plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Según la ley, el Registro nacional de personas desaparecidas y de Sitios de entierro será una base de información autónoma que centralizará, sistematizará y depurará la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda.
Por otro lado, un fiscal peruano citó para el viernes al virtual presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para interrogarlo por una supuesta acción irregular con que favoreció a dos empresas brasileñas cuando era jefe del gabinete ministerial, confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía.