La activista social kirchnerista Milagro Sala fue trasladada ayer nuevamente a una cárcel en la norteña provincia argentina de Jujuy, tras revocar la Justicia el beneficio de prisión domiciliaria que la dirigente gozaba desde hace 44 días.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional cuestionaron la resolución judicial, al tiempo que el gobierno argentino se deslindó.
Los abogados defensores de Sala se quejaron de que no fueron debidamente notificados de la medida. Además, calificaron el encarcelamiento “de una ilegalidad absoluta” y lo compararon con “un secuestro”.
“Estamos profundamente preocupados por Milagro. Hacemos responsables por la vida de Milagro Sala al presidente Mauricio Macri y al gobernador (Gerardo) Morales”, afirmó ayer su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, en Buenos Aires.
“Parecía que la querían acallar y de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta”, advirtió Alcorta, quien llamó la atención sobre el estado de salud de la líder social.
Sala, de origen indígena y principal referente de la Organización Barrial Túpac Amaru de Jujuy, había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria más de un mes después de que así lo solicitara al Estado argentino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en julio la había visitado en prisión.
También reclamaron por su situación de detención varios organismos de derechos humanos.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, sostuvo ayer que el retorno de Sala a la cárcel es “un retroceso”.
Amnistía Internacional advirtió por su parte que la decisión judicial “incumple lo establecido por la CIDH” y expresó su “profunda preocupación por la ilegalidad del procedimiento”.