EFE

Brasilia / Sao Paulo

Las sospechas que pesan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, aumentaron ayer con la decisión del Supremo de abrir una nueva investigación por causa de un decreto que habría favorecido los negocios portuarios de una firma privada.
Este nuevo problema jurídico de Temer conlleva una preocupación mayor para el gobierno, pues la Constitución brasileña dice que un mandatario en pleno ejercicio del cargo solo puede ser llevado a un juicio penal con el aval de la Cámara baja y si el delito fuera cometido desde el poder, lo que según la Fiscalía sería el caso.
La investigación fue solicitada por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien completará su período en ese cargo el próximo domingo pero que en los últimos días de su gestión ha lanzado una dura ofensiva jurídica contra el gobernante y su entorno.
El pedido recibió luz verde del magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros de la Corte Suprema, y se refiere a un decreto firmado por Temer en mayo pasado, que alteró artículos de las leyes que rigen la actividad portuaria.
Según la Fiscalía, esos cambios fueron negociados con la empresa Rodrimar, la supuesta beneficiada, por Rodrigo Rocha Loures, un antiguo asesor de Temer en prisión bajo cargos de corrupción en el marco de tramas que salpican al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio gobernante.
Por otro lado, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declarará de nuevo este miércoles ante la Justicia como imputado por supuesta corrupción, en un momento en el que las acusaciones en su contra se multiplican y alguno de sus aliados han decidido cargar con él.