DPA / Europa Press / Agencia Reforma

San Francisco / Washington

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido ayer que la Administración del presidente, Donald Trump, podrá deportar a cientos de miles de inmigrantes que anteriormente recibieron el estatus de protección temporal por razones humanitarias.
Con dos votos a favor y uno en contra, el veredicto de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anula una orden judicial que protegía a inmigrantes llegados desde El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán de ser deportados si tenían un litigio pendiente.
A juicio del Ejecutivo estadunidense, estos países ya son seguros para que los inmigrantes regresen a los mismos. La decisión del tribunal, que podrá apelarse, afecta a 300 mil inmigrantes y 200 mil menores que ya son ciudadanos estadunidenses.
La juez Consuelo M. Callahan, que votó a favor de permitir las deportaciones, ha señalado que la ley federal no permite al poder judicial cuestionar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre qué países pueden recibir el estatus de protección para sus ciudadanos.
A Callahan, designada por el expresidente George W. Bush, se ha unido el juez Ryan Nelson, designado por Trump. En contra de permitir las deportaciones se ha situado la juez Morgan Christen, designada por el expresidente Barack Obama.
Según Christen, la Administración Trump ha cambiado las políticas y las prácticas migratorias sin someterse al escrutinio público. Así, considera que las acciones del Ejecutivo estadunidense son “un cambio abrupto y sin explicación”. Además, ha subrayado que, en la demanda, los avisos de deportación estaban motivados por prejuicios raciales y étnicos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los inmigrantes en riesgo de deportación, ha especificado que el fallo no implica que el estatus de protección de estas personas quede revocado inmediatamente.
Los titulares del estatus de protección podrán mantenerlo, en algunos casos, hasta febrero de 2021, mientras que los que procedan de El Salvador podrán extenderlo hasta noviembre del año que viene.