Europa Press

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un memorando destinado a evitar que los migrantes indocumentados en territorio estadunidense obtengan beneficios de la Seguridad Social.
“Los principios de (una) buena administración exigen que los beneficios financiados por los contribuyentes se proporcionen solo a personas elegibles y no alienten ni recompensen la inmigración ilegal a Estados Unidos”, reza el texto de la Casa Blanca, un extremo que extiende a la Ley del Seguro Social.
Así, el memorando ordena a los secretarios de los Departamentos de Trabajo y Salud, así como al comisionado del Seguro Social, a tomar “todas las medidas razonables (…) para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas” emprendidos por la Seguridad Social, entre las que cita emprender “acciones de cumplimiento civil o administrativo contra los estados, localidades u otros beneficiarios o sub-beneficiarios similares que no tomen las medidas adecuadas para verificar la elegibilidad”.
Asimismo, la fiscal general, Pam Bondi, cooperará con el comisionado del Seguro Social para “asignar y acreditar a fiscales auxiliares” especializados en fraude de la Seguridad Social, con vistas a ampliar el número de estas fiscalías federales al menos a 50 antes de octubre de este año.
En la misma línea, la fiscal general trabajará con el jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos para aumentar al menos en 15 las fiscalías federales especializadas en fraude, si bien en este caso en relación con los programas Medicare y Medicaid, antes de octubre de 2025.
Por otra parte, el comisionado del Seguro Social “remitirá sin demora al inspector” de la Seguridad Social “todos los informes de ingresos de personas de cien años o más cuando el nombre del supuesto asalariado no coincida con (sus) archivos”, una medida adoptada ante la sospecha de que se hayan producido “robo de identidad, trabajo ilegal, evasión fiscal u otra actividad ilícita”.
La difusión del memorando coincide con las declaraciones del predecesor de Trump, Joe Biden, que –en su primer discurso en público desde que dejó la Presidencia– ha abordado la protección de la Seguridad Social y ha cargado contra la actual Administración, sin mencionar al actual presidente, que “en menos de cien días(…) ha hecho tanto daño y tanta destrucción”. “Es algo sobrecogedor”, ha dicho desde Chicago, en la conferencia nacional de Defensores, Consejeros y Representantes de Personas con Discapacidad.
El demócrata ha defendido la protección de la Seguridad Social alegando que esta “es más que un programa gubernamental, es una promesa sagrada”. “Nunca jamás debemos traicionar esa confianza ni dar la espalda a una obligación”, ha añadido en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadunidense CNN.
La Administración de Seguridad Social ha salido al paso para criticar a Biden, a quien ha acusado de “estar mintiendo a los americanos”. En su cuenta de la red social X, el organismo ha defendido el memorando de Trump asegurando que “solo en 2024 se asignaron número de Seguridad Social a más de dos millones de extranjeros” sin documentación en regla.
Además, ha remitido a una inspección realizada durante el mandato de Biden que “encontró 72 mil millones de dólares en pagos indebidos entre 2015 y 2022”.

Una jueza bloquea el fin de la protección a 532 mil migrantes

Una jueza federal de Estados Unidos ha dictaminado que la Administración de Donald Trump no puede retirar de forma abrupta las medidas de protección de las que se benefician más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en otro golpe a las políticas migratorias impulsadas por el actual gobierno.
El plan del Ejecutivo establece como fecha límite el 24 de abril, día para el que teóricamente 532 mil personas que emigraron a Estados Unidos gracias a un programa impulsado por la Administración de Joe Biden en 2022 quedaban desprotegidos y se arriesgaban a ser detenidos en caso de que no hubiesen abandonado ya el país norteamericano de manera voluntaria.
Sin embargo, para la jueza Indira Talwani, de un tribunal de Boston, la eliminación del programa sin justificarlo “caso por caso” pone en entredicho el cumplimiento del Estado de derecho, toda vez que se trata de migrantes llegados de manera legal con un programa impulsado por el propio gobierno, según la cadena CBS News.