Europa Press / Reforma

Madrid / Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado ayer que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25 por ciento a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril.
Este arancel, según ha explicado ayer el mandatario en su cuenta de Truth Social, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos, “de forma deliberada y engañosa”, a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos “y personas de naturaleza muy violenta”.
Entre las bandas enviadas a Estados Unidos, Trump ha denunciado que se encuentra el Tren de Aragua, designado como Organización Terrorista Extranjera.
“Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una gran tarea! Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos”, ha expresado.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró ayer que la Corte Suprema “intervendrá” en el caso por la polémica deportación de 300 migrantes venezolanos a El Salvador, una medida llevada a cabo por la Administración Donald Trump a pesar de que un juez federal emitió una orden que bloqueaba las deportaciones durante al menos dos semanas.
“La Corte Suprema intervendrá (…) Este juez federal está fuera de control y trata de controlar toda nuestra política exterior, y no puede hacerlo”, ha manifestado Bondi durante una entrevista para la cadena Fox News, en la que se ha sumado a la corriente de la Administración Trump y ha cargado contra el juez James Boasberg.
Bondi ha insistido en que el magistrado “absolutamente no” tiene potestad para condicionar la seguridad nacional de Estados Unidos, y ha asegurado que la Administración apelará a la Justicia convencida de que se impondrá en la causa. “Ganaremos, prevaleceremos”, ha aseverado la fiscal.
Tanto la fiscal Bondi como el propio Trump y otros miembros del gobierno han criticado en los últimos días a Boasberg, para quien piden un juicio político por inmiscuirse en cuestiones de la Administración. Sin embargo, el presidente del Supremo, John Robert, en una maniobra poco habitual, salió al paso para defender al juez.

Trump recurre a la Corte para despedir a miles de empleados públicos

La Administración del presidente estadunidense, Donald Trump, ha presentado un recurso ayer ante la Corte Supremo para despedir a miles de empleados públicos en periodo de prueba después de que varios jueces hayan ordenado al gobierno readmitir a los trabajadores cesados como parte de la nueva política para reducir costes.
El Departamento de Justicia del país norteamericano ha esgrimido que estas resoluciones judiciales que apuntan a la restitución de los puestos de trabajo están “secuestrando” las relaciones entre el gobierno y sus empleados, algo que supone, además, una “violación de la separación de poderes”.
“Esta no es forma de llevar un gobierno. La corte debe dejar de asaltar la estructura constitucional antes de que resulte dañada”, ha aseverado la abogada general del Estado de Estados Unidos, Sarah Harris, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.