Un juez federal de Hawai bloqueó ayer temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a Estados Unidos de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
El magistrado Derrick Watson, de Honolulú, emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el estado de Hawai, por una mezquita de la citada ciudad, por un imán y dos residente de ese estado con familiares en los países afectados.
Según el juez, el veto decretado por Trump “claramente discrimina en base a la nacionalidad”.
La polémica medida del presidente “sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”, explicó Watson.
El 18 de octubre era el día que marcó Trump para implementar su nuevo veto, pero ahora no podrá entrar en vigor en lo que se refiere a los seis países de mayoría musulmana, aunque es probable que el gobierno interponga un recurso contra la orden del juez.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadunidense”.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento “cumplirá” con la orden judicial, pero pronosticó que el gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.
En el caso de Venezuela, las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
Por otro lado, el nominado para ser el nuevo “zar” antidrogas del gobierno de Estados Unidos, el legislador republicano Tom Marino, pidió no ser considerado para ese puesto, dijo ayer Trump.
Trump anunció la retirada de Marino en su cuenta de Twitter y dijo de él que es “un buen hombre” y “un gran congresista”.
La decisión de Marino de retirar su candidatura a dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca llega tras una investigación conjunta realizada por el diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.
Esa investigación reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100 mil dólares de la industria farmacéutica mientras patrocinaba un proyecto de ley en el Congreso que debilitó la capacidad de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.
En tanto, Trump recibió ayer en la Casa Blanca al primer ministro griego, Alexis Tsipras, y felicitó los avances de Grecia en el manejo de la crisis económica.