Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentado ayer indica que funcionarios de gobierno de Honduras y empresarios de alto nivel están vinculados con el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres.
La afirmación forma parte del informe titulado “Represa de violencia: el plan que asesinó a Bertha Cáceres”, en el que se reúnen análisis de las pruebas que se tienen del crimen de la ecologista hondureña.
“Se constata la existencia de una red criminal compuesta por agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el caso de Bertha Cáceres”, indicó GAIPE en su informe.
Berta Cáceres era una reconocida defensora de derechos humanos y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH) y fue asesinada el año pasado por su activismo contra la construcción de una represa. Por su asesinato hay ocho personas detenidas, entre ellas varios ex militares, pero sus familiares exigen que se capture a los autores intelectuales.
El GAIPE es un equipo conformado por especialistas en derecho internacional, de derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado que realizó un análisis independiente sobre el caso de la activista.
El grupo fue conformado a pedido de la familia de Cáceres para monitorear la investigación realizada por el Ministerio Público, ante la negativa de las autoridades de informarles de los avances de las pesquisas.
De acuerdo con el documento de la GAIPE, el plan para asesinar a Bertha Cáceres comenzó a pergeñarse en 2015. Incluso se establece que hubo intentos de asesinato el 5 y 6 de febrero del 2016.  La ambientalista fue asesinada finalmente el 3 de marzo del 2016 en su casa del municipio La Esperanza, en Intibucá.
Laura Zúniga Cáceres, hija de Bertha Cáceres, manifestó que se solicitó la conformación del GAIPE porque existe desconfianza hacia las autoridades judiciales hondureñas y dudan de que se haga justicia en el caso de su madre.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández, apoderado legal de la familia de Cáceres, dijo que las investigaciones de GAIPE representan una pequeña parte de las pesquisas que tiene en su poder el Ministerio Público, pero no se realizan las acciones pertinentes para llegar a los autores intelectuales.