Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

El anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias –presentado en la conferencia matutina– establece un procedimiento de derecho de réplica al margen de la Constitución y abre la puerta a la censura previa y la autocensura en radio y televisión, advirtieron especialistas.
En el marco de la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), expertos y ciudadanos han enviado observaciones en las que señalan su preocupación por los controles preventivos que se pretende imponer a los concesionarios.
El proyecto contempla la figura de defensores de las audiencias, mecanismos de queja, un código de ética y reglas para la televisión abierta, así como para la radio y televisión de paga. Sin embargo, el foco del debate está en las obligaciones impuestas a los contenidos.
Rodrigo Guzmán Araujo, abogado y consultor en telecomunicaciones y competencia, advirtió que el artículo 12 de los Lineamientos exige a los concesionarios adoptar medidas para no difundir información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”.
A su juicio, esto constituye una censura previa (ex ante) contradictoria con la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, la cual establece que el derecho de réplica opera únicamente de forma posterior (ex post facto) a una publicación errónea.
“El artículo 12 busca establecer un mecanismo de regulación ex ante para no difundir información falsa o descontextualizada. Por su parte, la Ley Reglamentaria opera de manera posterior para que se difundan aclaraciones respecto de datos transmitidos”, explicó.
Por su parte, los especialistas Alfonso Núñez Reséndiz y Diego Ubach Nieto señalaron que el uso de términos ambiguos otorga un margen discrecional a la autoridad y vulnera la certeza jurídica.
Núñez Reséndiz destacó la contradicción interna del texto: mientras el artículo 2 prohíbe la censura previa, el artículo 12 exige contar con “elementos para concluir que la noticia era veraz”, bajo amenaza de multas de entre .01 por ciento y 1 por ciento de los ingresos de los medios.
Al no definir qué es un “elemento suficiente”, indicó, se fuerza a la autocensura.
En el mismo sentido, Ubach Nieto advirtió que definir qué es “información descontextualizada” dependerá de interpretaciones políticas, editoriales u oficiales.
“A diferencia de la información histórica presentada como actual, que es verificable, la ‘descontextualización’ puede depender de visiones ideológicas. Esta falta de precisión genera incertidumbre y deja la interpretación a discreción del regulador”, dijo.
El analista Omar Roque González planteó que el Estado no debe asumir el rol de árbitro sobre la verdad o el contexto suficiente.
“Aunque la iniciativa no establece de manera expresa una censura previa, sí puede generar un control posterior sobre los contenidos. La combinación de conceptos ambiguos, revisión administrativa y sanciones económicas puede provocar autocensura y reducir la pluralidad informativa”, alertó.
Entre los comentarios recibidos ya en la consulta pública también figuran posturas a favor de vigilar a los medios.
“Me parece una reforma excelente; nos damos cuenta de que varios canales de radio y televisión le mienten mucho a la gente, ya sea por intereses partidistas, de patrocinio o monetarios”, opinó el ciudadano Víctor Alfonso Niño.