Pobladores mayas, ambientalistas y activistas defensores de los derechos humanos denunciaron que el sistema de bioseguridad de México “no funciona”.
No obstante, presentaron ayer ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) denuncias por la siembra y comercialización de soya transgénica en el estado.
Acusaron que, frente a la mirada complaciente de las autoridades federales y, pese a la restricción para liberar el cultivo de semillas transgénicas en la entidad, se sembraron, sólo en lo que toca a Hopelchén, más de 23 mil hectáreas de soya genéticamente modificada, lo que equivale a 85 por ciento de toda la soya cultivada en este municipio.
Los denunciantes identificaron varios predios en la región Hopelchén en los que se sospecha que se sembró soya patentada por la trasnacional Monsanto.
Por ello, exigieron al Senasica investigar la probable responsabilidad de dicha empresa y de terceros que han producido y comercializado soya transgénica en la región, especialmente la comunidad menonita, en franca violación a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Los pobladores recordaron que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió a Monsanto Comercial SA de CV el permiso para la liberación al medio ambiente con fines comerciales de soya genéticamente modificada en la región.
“Sin embargo, según observaciones locales y reportes obtenidos en la región, el 85 por ciento de la soya que se sembró esta temporada en el municipio de Hopelchén, es genéticamente modificada”, acusaron.
Además, señalaron que el Senasica, instancia encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria en el país, reportó que en 2016 se sembró y comercializó soya transgénica en Campeche.
“Dichos reportes contienen información de que la soya transgénica que fue sembrada en Campeche es la patentada por Monsanto y que es de dos tipos distintos, MON-04032-6 y MON-89788-1 o una combinación de ellos”, resaltaron.
Los inconformes subrayaron que “el tipo de soya genéticamente modificada MON-89788-1 no fue incluido en la solicitud de liberación presentada por Monsanto ni ha sido evaluado por el Senasica, según lo establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)”.
Por eso, alertaron: “Esto es muy, muy grave y significa que se están liberando transgénicos sin ninguna autorización, ni evaluación previa en el país”.
En alusión al deslinde de Monsanto, los denunciantes añadieron que “aún más grave es que la empresa dueña de las patentes no tenga información de cómo éstas han llegado hasta el territorio ancestral de los mayas y de cómo sus semillas están siendo comercializadas en un mercado negro”.
Según la ley, destacaron, Monsanto está obligado a reportar esta información a las secretarías de gobierno encargadas de aplicar la ley por los riesgos que esto implica para el medio ambiente, la biodiversidad y/o la salud humana. “Sin embargo, parece que no ha presentado reportes ni información al respecto a las autoridades federales”.