Organizaciones de la sociedad civil exigieron a las autoridades de la Ciudad de México la activación de la alerta de género ante la persistencia de actos de violencia en contra de las mujeres que habitan en la capital del país.
Durante el Foro de Violencia Feminicida: Impunidad y Falta de Acceso en la Ciudad de México, realizado en la Asamblea Legislativa de esta ciudad, especialistas en cuestiones de género denunciaron que las autoridades capitalinas fallan en el cumplimiento de investigar, castigar y prevenir los actos que atentan en contra de las mujeres.
Por el contrario, los funcionarios responsables de impartir justicia minimizan los casos, responsabilizan a las víctimas o niegan los casos de feminicidio al tipificarlos como homicidio o suicidio, denunciaron los participantes del foro.
También alertaron sobre la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, pues ha impactado en la seguridad de las mujeres, al aumentar los casos donde la muerte de la víctima es consecuencia del uso de armas de fuego.
María Salgueiro, geofísica por el Instituto Politécnico Nacional y creadora del Mapa del Feminicidio Nacional, ofreció algunas cifras para dimensionar el alcance de la violencia feminicida.
En 2016, Salgueiro registró en el mapa 74 feminicidios, casi el doble de los que reportó la propia Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, la cual determinó que únicamente se habían cometido 39. Posteriormente, la dependencia actualizó su cifra a 46.
En cambio, en lo que va del año se han cometido 45 feminicidios y 37 asesinatos de mujeres no tipificados como feminicidios. La distinción entre uno y otro obedece a que, en el caso del feminicidio, existe una relación entre la víctima y el sujeto en el ámbito familiar, laboral o escolar. O bien, un vínculo sentimental, afectivo o de confianza. También pesa el hecho de que existieran amenazas, acoso o lesiones y que la víctima hubiese sido incomunicada.
En estos 82 casos de 2017, dos de las víctimas eran menores de 12 años, cuatro adolescentes, 58 mujeres adultas, cuatro adultas mayores y en 14 casos no se especificó su edad.
Once de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas; tres, por conocidos; ocho, por familiares; dos, por ex parejas. En el resto de los crímenes no hay información sobre el atacante. En 54 casos se desconoce la identidad del perpetrador y en cuatro más no se estableció el vínculo entre la víctima y el feminicida.
Salgueiro calificó como una burla que la PGJ tipifique como suicidio y homicidio crímenes que, por sus características, deberían investigarse como feminicidio.
En ese sentido, recordó el caso de Lesvy Berlín Osorio, la joven cuyo cadáver fue encontrado con signos de asfixia y violencia en una caseta telefónica ubicada dentro de Ciudad Universitaria, y cuya muerte fue tipificada como suicidio (se habría ahorcado con el cable del teléfonico, según la versión oficial).
También mencionó el caso de Blanca Estela “N”, de 17 años, víctima de acoso, violación y asesinato. Su cuerpo fue localizado en la cisterna de un deportivo y a su agresor se le le hicieron cargos no por feminicidio, sino por homicidio simple.
“De esta manera se manipulan los casos y se disminuyen las cifras de feminicidio en la ciudad”, advirtió Salgueiro.
Por su parte, la abogada Karla Michel Salas Ramírez, abogada feminista que ha trabajado con el colectivo de madres Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, enfatizó la necesidad de homologar la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
Salas Ramírez dijo que existen 169 sentencias por feminicidio en nueve entidades del país. Cincuenta y cinco de ellas se registraron en la Ciudad de México. El problema, indica, es que las sentencias se reclasifican una vez que son atendidas por los jueces de distrito.
Otras consecuencias de la falta de homologación en el delito de feminicidio enumeradas por la abogada, son la reproducción de estereotipos que derivan en la culpabilización de la víctima y no del agresor; la inexistencia de reparación de daño a los deudos, y la ausencia de identificación de las víctimas indirectas de los feminicidios, por ejemplo los huérfanos.
En su turno al micrófono, el abogado Rodolfo Manuel Domínguez, del Observatorio Nacional del Feminicidio, indicó que si bien la Ciudad de México posee un protocolo de investigación de violencia de género “de avanzada”, en la práctica ha servido de muy poco.
Destacó que entre 2015 y 2016 se produjeron 2 mil 80 asesinatos de mujeres en 15 estados, pero sólo en 25 por ciento de estos casos se inició una carpeta de investigación clasificada como feminicidio. En el país, la Ciudad de México ocupa el lugar 16 de incidencia.