Israel Sánchez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Hacer ciencia de alto nivel en México, ya de por sí un desafío dadas las históricas limitantes financieras y burocráticas, se ha vuelto aún más complicado debido a la ley aduanera.
En específico, a causa de la reforma hecha a dicha legislación, y que entró en vigor a partir de enero, pues en su pretensión de establecer un reforzado modelo de control lo que ha provocado es una mayor complejidad administrativa para realizar las importaciones científicas necesarias en el quehacer de investigadores e instituciones.
“Nosotros no hemos podido hacer ninguna importación de virus, por ejemplo”, ilustra en entrevista el investigador biomédico Luis Bernardo Tovar y Romo, director del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM.
“No están los canales abiertos para hacer las importaciones de ese tipo de agentes biológicos. Y, evidentemente, esto impacta el desarrollo de las investigaciones de muchos laboratorios que tenemos en el Instituto”, agrega el científico, quien observa en las nuevas disposiciones de la ley aduanera un impacto “potencialmente catastrófico”.
Para nadie entre quienes se dedican a hacer investigación experimental en México resulta desconocido lo engorroso de los procedimientos administrativos para importar reactivos químicos, materiales biológicos, instrumental de precisión, software científico y prototipos tecnológicos, entre otros insumos.
Se adquieren en el exterior por la falta de una industria mexicana capaz de cubrir tal demanda en los mejores términos. Y la normativa nacional orilla a que esas compras se hagan a través de empresas acreditadas como intermediarios o proveedores locales, las cuales terminan inflando los precios considerablemente.
“En México, terminamos pagando por el mismo producto, por el mismo anticuerpo, dos o tres veces su valor; terminamos pagando entre 12 mil o 18 mil pesos por algo que en Estados Unidos cuesta mucho menos”, apunta Tovar y Romo.
“Ese ha sido un problema estructural de las adquisiciones en la ciencia que nosotros hacemos de toda la vida”, continúa. “Sin embargo, teníamos la manera de no necesariamente tener que comprar este tipo de insumos a los proveedores en México, sino que podíamos hacer compras directas al extranjero a través de, por ejemplo, la Dirección General de Proveeduría de la UNAM”.
Esto dejó de ser posible con la entrada en vigor de la reforma a la ley aduanera, pues la complicada gestión que implican las nuevas disposiciones mucho más restrictivas –con un incremento en revisiones electrónicas, requerimientos adicionales de documentación y tiempos de despacho más largos– supone un elevado gasto adicional para la Universidad.
De ahí que la UNAM decidiera que sólo intervendrá en el caso de adquisiciones superiores a los mil dólares –poco más de 17 mil pesos–; “si son productos que cuesten menos de eso, ya no van a hacer estas compras al extranjero, sino que se tiene que hacer a través de proveedores nacionales”, apunta Tovar y Romo.
“Eso, al usuario final, al científico que va a hacer el uso de estos productos en su laboratorio, le cuesta más dinero porque va a tener que comprarlo con el proveedor nacional que le infla los precios el doble o el triple, porque la UNAM ya no va a poder hacer estas adquisiciones.
“No hay un incremento del presupuesto para poder hacer más gestiones, y entonces (la Universidad) no puede estar ahora absorbiendo todas las compras de insumos menores”, refrenda el director del IFC.
El panorama para los investigadores resulta aún más desafortunado en tanto las complicaciones derivadas de esta reforma en la legislación aduanera no se limitan únicamente a las adquisiciones, sino que también afectan las donaciones académicas mediante las que se desarrollan muchos proyectos.
“Por ejemplo, hay universidades y colaboradores extranjeros que nos quieren donar una cepa, y nos es imposible; o sea, ¡ni regaladas las cosas! Es una cuestión realmente muy, muy difícil”, dice a Reforma una persona investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM que pidió no ser nombrada.
“Tenemos un proyecto con una agencia internacional, y ha sido terrible. Ya nos dicen: ‘¿Cómo es posible que hayamos decidido colaborar con México?’”, añade. “Si realmente se quiere hacer investigación de clase mundial, pues ya no podemos seguir con esto”.
Además del IFC y el IBt, en el subsistema de investigación científica de la UNAM las instancias más afectadas por estas medidas son todas aquellas abocadas a áreas biológicas y también algunas de áreas físicas, donde se importa mucho equipo y componentes sofisticados.
Pero no sólo la Universidad estaría enfrentando esta problemática, sino también instituciones científicas tan importantes como el Cinvestav y varios de los Centros Públicos de Investigación; “no es la UNAM, es, en realidad, el sistema mexicano el que está afectado con esta ley”, remarca Tovar y Romo.