Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que las personas adultas mayores que enfrentan un proceso legal tengan que recibir en automático acompañamiento especial del Sistema de Protección a las Personas Adultas Mayores, pero abrió la posibilidad de establecer una doctrina para juzgar a acusados con “perspectiva de vejez”.
“La sola edad no condiciona para estar en una situación de vulnerabilidad, sino que deben analizarse otras condiciones físicas, materiales, sociales y económicas para poder determinar esa vulnerabilidad. Si lo generalizamos, estaríamos dando una ventaja indebida a todas las personas adultas mayores”, dijo la ministra Estela Ríos.
“Esta medida (de acompañamiento especial) debe activarse y hacerse efectiva únicamente cuando la situación particular gira en torno a una situación material de vulnerabilidad que haga necesario el acompañamiento adicional para equilibrar las condiciones estructurales de desventaja”, agregó Yasmín Esquivel.
La resolución se tomó al analizar el amparo directo en revisión 7330/2025, interpuesto por una pareja de 64 y 75 años de edad condenados a cinco años de prisión y una multa por el delito de despojo por la invasión de un lote en 2016 en Santa Catarina, Nuevo León, pero que alegaron una condición de vulnerabilidad por ser mayores de 60 años.
Por unanimidad, los ministros otorgaron el amparo y ordenaron regresar el expediente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito para que emita una nueva sentencia que considere la posible vulnerabilidad de los acusados por su edad, juzgar con perspectiva de persona mayor a partir de doctrinas de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores o la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otros aspectos.
Los ministros consideraron que con este caso se podría empezar una doctrina sobre cómo juzgar con perspectiva de personas adultas mayores.
En México en 2025, Carlota Alfaro Quintana, de entonces 74, asesinó a dos personas e hirió a otra quienes habían invadido su casa en Chalco, Estado de México.
Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, tiene 76 años.