Yanireth Israde / Agencia Reforma

Ciudad de México

La oposición de investigadores del INAH y de otras instituciones como la UNAM por la reconstrucción de monumentos en los denominados Parques de la Memoria de Quintana Roo y Campeche escalará legalmente al ámbito internacional, anunció ayer el historiador Felipe Echenique, durante la mesa de análisis ¿Construimos pirámide?”, inscrita en el ciclo Grandes problemas de la cultura y el patrimonio cultural.
“La destrucción de monumentos arqueológicos es un delito federal, y quien haya destruido tiene que pagar, inclusive con cárcel”, advirtió, y anticipó su intención de promover denuncias tras diversas demandas que académicos han promovido desde 2021 por la destrucción de vestigios en la ruta del Tren Maya.
A su vez, la arqueóloga Noemí Castillo anunció que el capítulo mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) respalda la postura de quienes han criticado el desmontaje –“deconstrucción”, le denomina el INAH– de basamentos arqueológicos de sus sitios originales por la obra ferroviaria, para ser trasladados a los parques Balam Tun y K’awiil.
La conferencia ¿Construimos pirámides? Los parques de la memoria de Quintana Roo y Campeche, efectuada en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, expuso el incumplimiento de la ley como resultado de prácticas desprovistas de ética.
“El INAH ha perdido la brújula ética en el manejo del patrimonio arqueológico, muy particularmente en la construcción de sus Parques de la Memoria”, señaló al respecto la antropóloga y arqueóloga Sara Ladrón de Guevara, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.
Dichas obras se dieron durante la gestión de Diego Prieto al frente de la dependencia.
La reflexión también reunió a los investigadores Carlos Navarrete, Cuauhtémoc Velasco y Bolfy Cottom, quien coordinó la mesa.