En 2018, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), deberá resolver si declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho estados del país; de ser así, 20 entidades –más de la mitad del país– contarían con este mecanismo de emergencia para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres.
Los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género que analizaron las peticiones de alerta; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a aplicar.
Cada vez que agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar grupos de trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben cumplir. Posteriormente, ya con estas observaciones, la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.
Para el caso de la Ciudad de México, el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre; sin embargo, aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó.
La petición de alerta de género en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el Centro Fray Francisco Vitoria y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
Las organizaciones a favor de la AVG consideran que se requiere ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, pero el gobierno de la Ciudad de México se niega a tener esta declaratoria porque “no se necesita”, ya que existe una política pública para atender la situación y el número de asesinatos no le parece alarmante.
Por otra parte, Coahuila y Durango son dos de los estados que esperan tener un resolutivo en 2018, pues en ambos casos los grupos de trabajo están por entregar su informe. Una vez que estos documentos se publiquen, las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.
De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una alerta: 11 municipios del Estado de México, ocho de Morelos, 14 de Michoacán, siete de Chiapas, 11 de Veracruz (que cuenta con dos alertas: una por agravio comparado y otra por violencia feminicida); cinco municipios de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí, ocho de Guerrero, tres de Quintana Roo y siete de Nayarit.
El 2017 se convirtió en el año con el mayor número de emisiones de alertas de género. La Segob declaró siete: en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz, que ya contaba con una por violencia feminicida y que acumuló otra por agravio comparado.
La Segob también negó cuatro alertas, lo que causó la indignación de la sociedad civil: primero en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron las más altas cifras de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Asimismo, después de dos años de trámites, Gobernación desechó la solicitud de AVG para Cajeme, municipio de Sonora, y para Tabasco.
Tras estas resoluciones, las agrupaciones y sociedad civil se manifestaron en calles, palacios municipales y ante las oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.
Otro precedente que marcó al 2017 fue la declaratoria de la primera Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos, al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigarlas con tratamientos sicológicos.
Esta decisión no sólo colocó a esa entidad como la primera en acumular dos alertas, también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.
Con la declaratoria en 2018 se espera que el gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob; una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país –junto con la Ciudad de México– en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.
Así, para 2018 la Conavim tiene que asegurar que se pongan en marcha de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Violencia de Género hasta ahora emitidas, y resolver las ocho solicitudes.