Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la sentencia de Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, que ordenó reducir de 10 años y medio a sólo cuatro años conmutables por 10 mil pesos, al hombre que envenenó a dos perros rescatistas.
Por unanimidad y sin discusión, los nueve ministros avalaron la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzos de desechar el recurso de revisión del dueño de los perros Athos, un border collie, y Tango, un yorkshire, quienes ayudaron a localizar a víctimas en el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero fueron envenenados con una salchicha en junio de 2021.
El aval se dio ya que se consideró que no había tema de constitucionalidad, así como dejar en pie la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó cancelar la pena de 10 años y seis meses, ni considerar un agravante en el delito cometido.
El procesado, Vicente Patiño Albarrán, un hombre de 60 años al momento de los hechos, molesto de que los dos perros, más Balam, quien sobrevivió pero sufrió secuelas severas, fueran entrenados en los jardines de su colonia, fue condenado el 9 de febrero de 2023 a 10 años y 6 meses de prisión, el doble de lo estipulado, pues el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Querétaro consideró una agravante de crueldad, y un pago de 2 millones 145 mil 479 pesos como reparación del daño.
Se trató del primer juicio en México por maltrato animal. Sin embargo, el culpable impugnó la condena alegando que el agravante era inconstitucional, pues “el propio tipo penal ya exige la crueldad como elemento subjetivo”. El Tribunal Colegiado le dio la razón y redujo la pena a cinco años, pero el dueño de los perros, un paramédico de la Cruz Roja, llevó el caso a la Corte.
En octubre de 2024, la extinta Primera Sala confirmó la constitucionalidad del agravante al considerar, mediante la jurisprudencia 28/2025 (11a), que no se sanciona dos veces lo mismo, sino que se distingue entre la voluntad de causar dolor, delito básico, y el medio cruel utilizado para lograrlo que es el agravante.
El 30 de octubre pasado, sin embargo, el mismo Tribunal Colegiado concedió de nuevo un amparo al acusado, en el que canceló la pena emitida el 9 de febrero de 2023, recalcule de manera individualizada la reparación de daño y no tome en cuenta el agravante del delito.
“Además, deberá observar que en la nueva resolución no se podrá agravar la situación jurídica del solicitante de amparo”, dictó el Tribunal Colegiado en la sentencia que la SCJN dejó ayer en firme.
Contra esa decisión, el dueño de Athos, Tango y Balam interpuso el amparo directo en revisión 7933/2025, que hoy fue desechado.
“Es una vergüenza ver que la primera sentencia en un caso de maltrato animal acabó en simulación”, dijo la abogada Mónica Huerta, quien llevó el caso judicial.
“No tomaron en consideración los parámetros, no consideraron el tema del agravante que había avalado la Corte, incluso con una jurisprudencia. Le habían dado 10 años, luego cinco y ahora le dieron cuatro, conmutables por 20 mil (pesos) y ahora conmutables por 10 mil, porque, pues, estamos en oferta”, ironizó.
La activista por los derechos de los animales aseguró que aún tiene el recurso de reclamación ante la SCJN, y planteó sus sospechas de por qué en su proyecto Espinosa Betanzo le cambió el nombre a los perros, los llamó “Aurelio”, “Séneca” y “Cicerón”. Quizás, para evitar el escándalo sobre cómo quiere acabar un caso que tuvo relevancia en todo el mundo.
“Es una enorme discriminación por tutelar la vida de los animales. Las reglas son claras, las leyes son claras, no estamos pidiendo nada que no esté plasmado en una norma y lo único que nos impide poder proteger esta sentencia es que tenemos autoridades que discriminan completamente la aplicación de la ley cuando se trata de animales”, afirmó.