Tatiana Maillard

El Sur / Ciudad de México

Sin más explicaciones que una tarjeta con un comentario impreso, a seis trabajadores de La Jornada y miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores (Sitrajor) de ese periódico se les impidió su ingreso a las instalaciones el lunes 4 de septiembre.
Esto ocurrió después de que el 16 de agosto pasado la secretaria general y el secretario de Organización del Sitrajor, Judith Calderón y Leonardo Mondragón, respectivamente, fueran despedidos del diario. Los dirigentes, además, fueron denunciados penalmente junto con Alejandro Caballero, hijo de Calderón, por presunto secuestro y maltrato a trabajadores del diario opuestos a su movimiento de huelga.
El 30 de junio pasado, trabajadores del diario votaron a favor de iniciar una huelga en defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, después de que la empresa editora, Desarrollo de Medios SA (Demos) tomara la decisión unilateral de reducir hasta 45 por ciento los salarios vía prestaciones. El 3 de julio las instalaciones del periódico abrieron de nuevo, después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –en la madrugada de ese lunes– declarara “inexistente” la huelga.
En esa ocasión, al finalizar el paro de labores el Sitrajor y la empresa Demos acordaron que no habría represalias.
Sin embargo, a los despidos de los dirigentes sindicales, se suma el cese, hace dos días, de seis trabajadores sindicalizados más, quienes recibieron el anuncio de que tenían prohibido ingresar a La Jornada de una forma impersonal e inusual: el guardia de la entrada principal le entregó a cada uno un sobre sin membrete que en su interior contenía una tarjeta de papel con la siguiente impresión:
“A mí me dicen que ustedes ya acordaron su situación. Pero platíquenlo con el Lic. Alejandro Roel Calvillo”, seguido por un teléfono y sin firma alguna.
Los seis trabajadores separados de sus puestos son Óscar Gómez, Sara Juárez, Guadalupe Silva, Antonio Vera, Teresa López y Maricela Delgado. Todos tienen una antigüedad laboral superior a 20 años.
Alejandro Roel Calvillo es abogado de la empresa. De acuerdo con Guadalupe Silva, operadora recepcionista desde hace 26 años, Roel Calvillo no estaba presente en La Jornada cuando a ella le impidieron la entrada a las 9 de la mañana. “Pedimos un documento donde nos explicaran cuál era nuestra situación laboral. No tuvimos respuesta”.
Según el testimonio de Maricela Delgado, integrante del departamento de Crédito y Cobranza desde hace 27 años, Roel Calvillo se reunió con los trabajadores hasta las 5 de la tarde del lunes pasado.
“Nos dijo que la empresa le había informado que nosotros no estábamos despedidos, sino que estábamos en pláticas para acordar un retiro voluntario”, explica Delgado.
“Nosotros no estamos en ninguna lista de retiro voluntario”, afirma Sara Juárez, auxiliar general en el área de Recursos Materiales. “A menos, claro, que la empresa nos haya enlistado”.
Antonio Vera, técnico en formación electrónica y fundador de La Jornada –es decir, parte del periódico desde 1984–, expuso que pese a que se acordó que no habría represalias contra los trabajadores por la huelga, el periódico incumplió. “No sólo fueron en contra de nosotros, sino que aseguran que nosotros solicitamos voluntariamente nuestro retiro”.
El abogado del Sitrajor, Manuel Fuentes Muñiz, explicó a este diario que ya prepara las demandas laborales que presentará esta semana ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y la Junta de Conciliación y Arbitraje. “El proceder de La Jornada es ilegal. Incumple con la fracción 22 del artículo 123 de la Constitución, el cual establece que el trabajador tiene derecho a una explicación cuando es despedido. El artículo 147 de la Ley Federal del Trabajo indica que si el trabajador no recibe un aviso con los motivos de su despido, se considera injustificado”.
Los seis trabajadores separados de su cargo, así como Judith Calderón y Leonardo Mondragón, encabezaron ayer un mitin frente a las oficinas de gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo de la capital del país para difundir las acciones ilegales emprendidas por los directivos de La Jornada, exigir la reinstalación en sus puestos de trabajo y frenar la represión en contra de los miembros del Sitrajor.