El centro reconoció que entre 1998 y 2007 implantó un dispositivo intercerebral a 474 personas con hidrocefalia

Luego de que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INN) admitiera que, entre 1998 y 2007, implantó a 474 personas con hidrocefalia un dispositivo intercerebral, miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad pidieron a la PGR retomar la denuncia por presuntamente haber experimentado con pacientes sin su consentimiento.
El dispositivo fue patentado por el neurólogo Julio Everardo Sotelo Morales, ex director del INN. De acuerdo con la Red, se colocó pese a que carecía de autorización para ser empleado en personas por hallarse en fase experimental.
En conferencia, la diputada Araceli Damián González señaló que el Congreso aprobó, el pasado 28 de junio, un punto de acuerdo en el que se pide a la PGR dar seguimiento a la denuncia; y a la Secretaría de Salud, atender a los pacientes afectados por el uso de este dispositivo que aún sobreviven.
Asimismo, continuó, se solicita a la Comisión de Atención a Víctimas que acompañe a los afectados y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también retome la investigación.
Detalló que la PGR cuenta con un dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de 2009, en donde el organismo concluye que hubo mala praxis médica por parte del Instituto al instalar el dispositivo experimental sin la autorización de las autoridades sanitarias y del paciente.
De acuerdo con un par de dictámenes de la Conamed, emitidos en 2009 y 2010, el INN incurrió en mala práctica médica al implantar el dispositivo experimental en los pacientes con hidrocefalia.
El neurocirujano Rodolfo Ondarza, miembro de la Red y quien ha denunciado el caso en los últimos 10 años y que lo llevó este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que el dispositivo denominado Sistema de Derivación Ventrículo-Peritoneal de Flujo Continúo no cuenta con una válvula para regular la presión, por lo que solamente funcionaba si el paciente se encontraba de pie.
Los daños de ese implante cerebral son irreversibles, deteriora progresivamente la salud del paciente y conduce a la muerte, aseguró.
“En el informe de las víctimas no sólo viene el número de 474 sino que viene el número de expediente de las víctimas, su número de registro (…) Buscar a quiénes están vivos todavía es lo puede hacer la Secretaría de Salud, también dónde está la Comisión Nacional de Bioética, de Derechos Humanos, esto debe ser perseguido de oficio”, señaló Ondarza.
Juan Manuel Armenta Bravo, esposo de Yolanda Guerrero Caballero, una de las pacientes afectadas, narró que su esposa llegó al INN con un fuerte dolor de cabeza hace 13 años y tras detectarle hidrocefalia, le implantaron el dispositivo experimental, pero su salud lejos de mejorar, se deterioró.
Tres años después, le fue retirado el dispositivo experimental pero el daño a su salud fue irreversible.
“Esa manguera que le pusieron a mi esposa en el cerebro después nos dimos cuenta que no estaba autorizada para ponerla en humanos. Ella tenía que estar acostada siempre porque si se ponía de pie, tenía mucho vómito. Su salud se deterioró, tiene dolores de cabeza insoportables, ella ya no sale, está siempre en casa cuando ella antes tenía una vida normal, era comerciante y practicaba karate”, contó Juan Manuel mientras exhibía unas fotos de su esposa. (Evlyn Cervantes / Agencia Reforma / Ciudad de México).