Al anunciar el martes pasado que al término de abril no habrá una nueva prórroga para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el secretario de Gobernación dijo que en el trabajo realizado por los en-viados de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos, “no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la Procuraduría General de la República”. Miguel Ángel Osorio Chong dijo también que el gobierno federal dio a los expertos “absolutamente todas las facilidades” para la realización de su tarea de coadyuvancia en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La primera declaración es mentira, la segunda no es la verdad y la decisión de frenar un nuevo periodo para el GIEI es unilateral. En los 11 meses que llevan en el país, los integrantes del GIEI han desmontado la versión oficial sobre el ataque de Iguala y la desaparición de los normalistas, y han exhibido el intento de cerrar el caso sin establecer a cabalidad la verdad de los hechos y las responsabilidades que en los mismos tuvieron las autoridades más allá de la complicidad de los policías y el ex alcalde de Iguala con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
El GIEI sí delineó una línea diferente de la que ofreció y aún sostienen la PGR y el gobierno federal sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y aunque los frutos de su labor no alcancen a ofrecer una explicación completa de los hechos, sí han demostrado la falsedad de la versión de la PGR, la conocida “verdad histórica” expuesta por el ex procurador Jesús Murillo Karam como la verdad definitiva sobre lo sucedido aquella noche. Esta versión sostiene que los 43 estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula y ahí quemados en una gigantesca pira hasta quedar reducidos a cenizas, y luego esparcidas éstas en el río de ese municipio. En dos dictámenes diferentes, el GIEI y el Equipo Argentino de Antro-pología Forense llegaron a la conclusión de que en ese basurero no fue quemado ni siquiera uno solo de los 43 jóvenes.
En presencia de esa conclusión que desmorona el cimiento de la teoría oficial, lo lógico habría sido que el gobierno reencauzara las investigaciones en la dirección sugerida por los expertos independientes, pero en lugar de hacer eso, las autoridades federales se mantuvieron en su postura y emprendieron una disputa a veces disimulada y a veces abierta contra los enviados de la CIDH, que en los meses recientes y en anticipación de su informe final, ha incluido una campaña de desprestigio de sus integrantes y hasta una desquiciada demanda penal contra el secretario ejecutivo del organismo interamericano por el supuesto uso indebido de recursos públicos (por el dinero que el gobierno entregó a la CIDH para financiar su participación).
Esa querella está vigente aún en lo que respecta a la solicitud de los expertos de entrevistar (o al menos estar presentes en un interrogatorio y con acceso a repreguntar) a los militares del 27 Batallón de Infantería que intervinieron o presenciaron el ataque contra los estudiantes. El gobierno ha em- pleado hasta ahora argumentos legaloides para negar a los expertos acceso a los militares en esos términos, pero detrás de ello se advierte claramente la posición cerrada, manifestada desde el principio por el propio secretario de la Defensa, en contra de esa posibilidad. Si tan sólo se tratara de esta negativa del gobierno federal, sería suficiente para echar por tierra la presunción de que ha brindado “todas las facilidades” a los expertos, como dijo Osorio Chong, pero lo cierto es que el gobierno no sólo no ha facilitado el trabajo de los investigadores internacionales, sino que lo ha llenado de obstáculos con el evidente objetivo de des-acreditar su informe final.
Con estos antecedentes, los próximos 30 días serán cruciales para el caso Ayotzinapa. Está por hacerse público el resultado del cuarto peritaje realizado en el basurero de Cocula, después de los que hicieron la PGR, el GIEI y el equipo argentino, previsiblemente con resultados también contrarios a la “verdad histórica” de la PGR. Y antes de concluir formalmente su tarea y abandonar el país al terminar este mes, el grupo de expertos presentará su informe final, cuyo contenido no puede ser diferente del que dio a conocer en septiembre del año pasado, en el que echó abajo la teoría del incendio en el basurero. No puede ser diferente, pero sí será todavía más contundente, según adelantó el GIEI hace quince días.
El 17 de marzo, el GIEI exigió al gobierno federal un pronunciamiento del más alto nivel en el que dejara constancia de su respeto al trabajo que ha realizado hasta ahora. Tres de los expertos –Carlos Beristain, Ángela Buitrago y Claudia Paz– expusieron en esa ocasión su preocupación por las consecuencias de la campaña de desprestigio desatada en su contra, y por esa razón creyeron conveniente que el gobierno federal diera a conocer su postura. Manifestaron que genera graves implicaciones el hecho de que se pretenda provocar desconfianza y minar su credibilidad justo antes de presentar su informe final. “Va más allá de desacreditar al mensajero, porque el ataque tiende a neutralizar cualquier clase de intervención de cualquier persona que quiera realmente defender los derechos humanos. Es parte de esa simbología de ‘aquí no se metan, aquí no entren, aquí no nos pueden tocar’, y eso es lo más preocupante, pues si se desprestigia a la comunidad internacional, a las organizaciones, a las comisiones, a las cortes interamericanas, ya hay mucho camino que se ha desandado y va a ser muy complejo para el Estado mexicano volverlo a rescatar”, dijo con comedimiento Angela Buitrago (Reforma, 18 de marzo de 2016).
La preocupación del grupo no fue escuchada, pero en esa fecha sus integrantes expusieron que su último informe será difícil de rebatir pues aportará datos, contendrá valoraciones y retomará pruebas ya validadas con anterioridad. La lógica aplicada hasta ahora por el gobierno federal hace prever una reacción colérica por parte del gobierno ante ese documento final, como la que tuvo hace un mes cuando la CIDH dio a conocer el informe “Situación de los derechos humanos en México”, en el cual describió una crisis de violencia y de inseguridad que ha causado miles de muertes y desapariciones. Con presteza, el gobierno federal salió a decir que el reporte “desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”. Abril abre, pues, un decisivo compás de espera e incertidumbre para el caso Ayotzinapa.

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