Mientras usted lee estas líneas tiene lugar, en el Centro de Convenciones de Acapulco uno de los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional que de acuerdo con un calendario se llevan a cabo en todo el país, como un ejercicio de consulta diseñado para la definición de las políticas públicas que aplicará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de enfrentar la inseguridad y la violencia.
Con este mecanismo, puesto en marcha hace veinte días en Ciudad Juárez, y que a lo largo de dos meses más abarcará puntos estratégicos en todo el territorio nacional, se pretende escuchar los puntos de vista en primer lugar de las víctimas, pero también de la ciudadanía en general, de organizaciones de la sociedad civil y comunidades, incluso de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad, para arribar a conclusiones y propuestas que tracen nuevas vías ante la crisis que vive la nación, agudizada en los últimos doce años.
En la Ciudd de México ayer mismo, los 14 gobernadores priistas, algunos por escasos meses más, fueron recibidos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el Colegio de Ingenieros Civiles. Entre los presentes estuvo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, junto a sus colegas de Sonora, Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, quienes ofrecieron colaboración y disposición de “hacer equipo” para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la República, que ya se inició con el triunfo de Morena en prácticamente todo el país.
Sorprende que, en los discursos, los mandatarios priistas ofrezcan lo que no han sido capaces de dar a sus gobernados: educación, salud y combate a la pobreza. También, garantizaron un comportamiento “constructivo y respetuoso” a la federación y lo que resulta más sorprendente dadas las experiencias de los últimos sexenios: combatir la corrupción como una prioridad en sus gobiernos.
La gran mayoría de los estados gobernados aún por el priismo enfrentan graves problemas de inseguridad, de corrupción y de carencia de recursos para atender las necesidades mínimas de la población. En la mayoría de los casos ocurre exactamente uno de los señalamientos de López Obrador: “prevalecen gobiernos ricos con pueblos pobres”. En los estados gobernados por el PRI la ausencia de gobierno se convirtió en rasgo distintivo. El mejor ejemplo es el clima de violencia, la creciente inseguridad y la escasa respuesta a las grandes necesidades de los marginados y más necesitados.
La alteración de la paz se origina por múltiples factores, pero en lugares emblemáticos como Guerrero, tiene que ver desde con su intrincada geografía y el complicado acceso a vastas zonas de sus serranías, hasta la pobreza y la marginación de sus comunidades, agravada en las recientes décadas porque ante la falta de oportunidades de desarrollo, el cultivo de la mariguana y la amapola se convirtieron en las únicas actividades rentables, con un mercado floreciente.
Pero a cambio de un ingreso que no pudieron obtener por otras vías, las poblaciones de la sierra han tenido que pagar el precio de la ilegalidad con todas sus consecuencias de inseguridad y criminalidad, que se han catapultado en la medida que crece la demanda de drogas en Estados Unidos y que hay un mayor negocio en juego.
La necesidad de encontrar salidas se ha tornado cada vez más urgente, y el triunfo de López Obrador en la contienda presidencial ha jugado como un catalizador en esa búsqueda.
Las voces que demandan la legalización de los cultivos de drogas, en particular de la amapola y la mariguana, ambas que tienen comprobados usos medicinales, se han escuchado desde hace mucho en el estado, y cuando hace un par de años el gobernador Héctor Astudillo se pronunció a favor de esa posibilidad, desató una polémica en los medios de comunicación nacionales que le obligó en un primer momento a matizar y más tarde a dejar para mejores tiempos la idea.
Ahora que está por arrancar en México un nuevo régimen, una de cuyas banderas de campaña –que lo será de gobierno– es la pacificación y la reconciliación nacional, la preocupación y la atención de la comunidad guerrerense sobre estos temas ha entrado en ebullición.
El Congreso guerrerense, que durante la Legislatura que está por concluir nunca dio luz verde a iniciativa alguna sobre el tema, luego de la victoria de Morena y la inminencia de la llegada de la nueva Legislatura, de manera súbita alcanzó la unanimidad de todas las fuerzas que la compusieron para solicitar al Congreso de la Unión la legalización de la amapola. El tema llegó a la Comisión Permanente, pero en realidad se quedará para el análisis y el tratamiento que en su caso le dé la Legislatura federal que también está por llegar.
No obstante, ya la próxima secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero se reunió con el gobernador Astudillo para analizar el tema de la seguridad. Ahí, la señora anunció que el próximo gobierno de México planteará ante la Organización de las Naciones Unidas esta problemática, pues la eventual legalización está sujeta a acuerdos y normas internacionales.
Ese es el contexto en el que hoy se discutirá en Acapulco cómo pacificar la entidad y el territorio nacional, y se escuchará de manera muy clara a quienes han sido víctimas de la violencia y la criminalidad. Esta catarsis es un paso indispensable antes de definir el camino con el que se quiere dar al país y a sus zonas más lastimadas una vida distinta, en el que haya un futuro digno de bienestar y paz para sus habitantes, sin el dolor de tantas vidas truncadas o echadas a perder, sobre todo un clima de armonía y tranquilidad, en el que se recupere ese sabor apacible de la provincia, mezclado con el murmullo de la modernidad, exactamente eso que sorprende en cualquier pueblo de cualquier país más avanzado.