El pasado fin de semana, un grupo de académicos, políticos y expertos de varios países de América Latina se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana, para intercambiar ideas y propuestas alrededor de la idea de los estados de bienestar en las Américas. Se trata de una agenda fundamental para América Latina, en un momento en el que la región vive inmersa en una crisis multidimensional de proporciones poco antes vistas. A la situación sanitaria crítica, a una pésima situación económica y una gran polarización social, hay que sumar una profunda crisis de la representación política. Este fenómeno, aunado a la fragmentación partidaria cada vez mayor (salvo en el caso de México) y a la fuerte polarización del debate público, hace que la construcción de mayorías políticas constituya una tarea más que compleja para los actuales dirigentes políticos. Y es que sin acuerdos políticos amplios, difícilmente se podrá realizar las reformas que América Latina necesita para volver a crecer, redistribuir mejor la riqueza, y combatir las desigualdades.
En este sentido, el grupo elaboró una serie de ejes de trabajo, partiendo de la situación política de cada uno de los países. Entre los panelistas, se encontraban los cancilleres de Argentina y República Dominicana, Felipe Solá, y Roberto Álvarez, entre otras personalidades políticas latinoamericanas. Uno de los temas que suscitaron el mayor interés de los participantes fue la idea de la viabilidad de una pensión social universal en América Latina. El ex economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy, aseguró que era posible implementar y financiar tal medida, a partir del momento en que se establezcan criterios claros del tipo de servicios otorgados. Por otro lado, la problemática del financiamiento de estos programas fue uno de los principales puntos de debate: ¿quién pagará la cuenta? Sobre todo teniendo en cuenta que la presión fiscal con relación al Producto Interno Bruto (PIB) en cada uno de los países latinoamericanos es muy variada: si en Brasil, ésta se aproxima al 40%, en Chile o Colombia es menor al 30%, y en México y la mayoría de los países de Centroamérica no pasa del 18% del PIB. De ahí la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso para financiar estas políticas sociales innovadoras.
Durante los últimos años, y en particular desde el principio de la pandemia, la valorización de las empresas de tecnología (en particular, de plataformas como Twitter, Facebook, o aplicaciones como Zoom, entre otras) ha explotado, a tal punto que la riqueza de los principales accionistas de estos conglomerados ha llegado a niveles record. De ahí la importancia de generar nuevos tipos de fiscalidad para poder gravar a estas empresas, cuyas sedes se encuentran frecuentemente en paraísos fiscales. Para ello, los gobiernos latinoamericanos deberían usar los instrumentos diplomáticos a su disposición, para presionar a las empresas y obtener de éstas recursos para financiar estos programas sociales innovadores.
Este diagnóstico nos lleva a reflexionar sobre el lugar de América Latina en el mundo. Para poder emprender este tipo de negociaciones, es necesario contar con capital político suficiente para presionar a sus contrapartes y así obtener resultados. Sin embargo, la importancia de América Latina en el plano internacional al día de hoy no solo es mala, sino que se encuentra en uno de los puntos más frágiles de la historia reciente. La región ha dejado de ser protagonista en los grandes debates internacionales, para transformarse en un mero espectador del juego de las grandes potencias, y a veces en un factor de preocupación para la comunidad internacional. El caso de Venezuela es emblemático desde este punto de vista: con más de cuatro millones de refugiados, este país andino y caribeño tiene una de las peores crisis humanitarias y migratorias del mundo, solo siendo comparable a lo sucedido en países como Siria y Afganistán. Esperemos que las negociaciones entre gobierno y oposición, que se llevan a cabo en este momento en México, permitan llegar a acuerdos y consensos, de la misma manera que la reunión de Santo Domingo, para lograr que América Latina sea más democrática y menos injusta.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada