Cuando la pandemia de covid-19 comenzaba a causar contagios y muertes en México al inicio de esta emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que esta crisis le venía a su gobierno “como anillo al dedo”. Al hacer esta declaración, además de los proyectos faraónicos del Tren –mal llamado– Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas –cuyas obras no se detienen a pesar de la contingencia sanitaria– probablemente también estaba pensando en sus planes de militarización del país.
Este lunes 10 de mayo el Poder Ejecutivo federal le regaló un cheque en blanco y en total opacidad a las fuerzas armadas. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo” presidencial que ordena a las fuerzas armadas permanentes tomar parte de las labores de seguridad pública de manera complementaria con la Guardia Nacional. El decreto firmado por López Obrador señala que era necesario hacerlo así como complemento legal de la Ley de la Guardia Nacional. Llama mucho la atención el contexto nacional tan sensible y crítico en que lo hace. “Como anillo al dedo”.
El plazo que contempla el acuerdo es hasta el 27 de marzo de 2024. El artículo 5º transitorio de la polémica Ley de la Guardia Nacional señala que, originalmente, se contemplaba una temporalidad máxima de cinco años: “En tanto la GN desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.
Para generar acuerdos se necesitan al menos dos partes interesadas en un fin común y que exista un debate de por medio. Por lo que el documento publicado este lunes no es sino un decreto presidencial unilateral impuesto con opacidad. La única diferencia aparente con la estrategia también impuesta durante el sexenio de Felipe Calderón al ordenar a las fuerzas armadas realizar labores de patrullaje a las calles, es la temporalidad definida de cinco años. Temporalidad que, sin embargo, recaerá en el sucesor o la sucesora del poder presidencial para dar o no continuidad a esta misma estrategia de militarización calderonista. Y así, al infinito.
Mientras tanto, las desapariciones forzadas, los feminicidios y los homicidios dolosos tocan día a día nuevos récords estratosféricos.
Las fuerzas armadas, según ese decreto, deberán sujetarse a lo que dicta el artículo 9º de la Ley de Guardia Nacional en lo referente a las funciones de vigilancia, prevención del delito y detenciones. Es decir, le abre la puerta al Ejército y a la Marina para practicar labores de inteligencia, investigación de delitos incluso en internet, allanamientos y operaciones encubiertas. Funciones invasivas a los derechos de la población civil y que los militares han ejercido típicamente bajo regímenes dictatoriales. Además, estará en sus funciones mantener el “orden y paz social”, la seguridad fronteriza –hemos visto los abusos hacia las personas en tránsito a manos de la Guardia Nacional–, aeropuertos, aduanas y carreteras. Todo sin controles civiles y sin ninguna meta clara en absoluto.
El apartado XXVII del citado artículo artículo 9º determina el uso de la fuerza cuando “las situaciones impliquen violencia o riesgo inminente”. Sin embargo, ni la ley ni el decreto determinan el concepto de “violencia” ni de “riesgo”. ¿Quién y cómo se determinan y se miden antes de que los mandos y elementos del Ejército o la Marina decidan usar directamente la fuerza letal contra la población?
¿Qué pasa con los derechos humanos en este contexto de militarización en forma? La Marina y del Ejército, las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos dentro de esta guerra que vive su tercer sexenio, serán los propios encargados de la observancia de los derechos humanos. Así lo dice el decreto presidencial.
Si bien antes la Ley de Guardia Nacional ya autorizaba a militares y marinos a asumir funciones de seguridad pública, este decreto ordena que las lleven a cabo en paralelo a la Guardia Nacional, por lo que podemos suponer el fracaso que está siendo la conformación de esta nueva corporación en los últimos meses, como en su tiempo fracasó también la integración de la Policía Federal de Felipe Calderón.
Lo que nadie pudo imaginar que ocurriría ni en las proyecciones más fantasiosas durante el sexenio en que inició la guerra informal de Calderón, está ocurriendo sin embargo hoy en día en el régimen de AMLO: para las fuerzas armadas llueven los recursos destinados a obras públicas por concesión directa como el aeropuerto de Santa Lucía y otros megaproyectos; el control de los puertos, las aduanas y fronteras; la distribución de libros de texto. Un poder económico sin precedentes, poder político y mayor un poder simbólico y mediático.
Más allá de la temporalidad, que es un periodo que irresponsablemente abarca todo el sexenio de la administración federal de la 4T en el poder, ni este nuevo decreto, ni en la Ley de la Guardia Nacional a la que se adscriben a partir de hoy las fuerzas armadas, se contempla un plan, una estrategia de transición o metas para que los militares vuelvan a sus cuarteles.
¿Será que la conservación intersexenal de la militarización es la verdadera y única estrategia del poder para perpetuarse un periodo tras otro?