En Argentina, el estado de normalidad se ha vuelto una excepción. Después de un juicio oral y público que duró tres años y medio, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a una pena de 6 años de prisión y fue inhabilitada de manera definitiva para ocupar cargos públicos, según la mayoría de los medios de comunicación argentinos. La sentencia al final fue solo por haber cometido fraude al Estado o no prosperó el proyecto de considerarla jefa de una asociación ilícita.
La sentencia es la primera contra un vicepresidente en ejercicio por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.
En caso de que Cristina Kirchner sea condenada, no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando –según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia–, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar varios años.
El fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la acusación en el juicio, pidió que la vicepresidenta sea condenada a la pena de 12 años de prisión al considerarla jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública en concurso real. Solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5 mil 321 millones de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares.
Para el fiscal, Cristina Kirchner cometió la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país en los últimos 40 años. Argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo, además, que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, ex empleado bancario y sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
Sin embargo, como lo vimos en Brasil en el caso montado en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es necesario escuchar al contradictorio para saber exactamente de lo que estamos hablando. Y, el pasado domingo, varios medios locales publicaron una serie de mensajes entre jueces, políticos opositores y empresarios de medios de comunicación opositores al gobierno, donde los participantes debaten de cómo evitar que una denuncia por sobornos que los involucra se vuelva un asunto de opinión pública. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha anunciado por cadena nacional el pasado lunes que solicitará a la Justicia que se investiguen penalmente los hechos relacionados con esta denuncia, mientras espera que el Consejo de la Magistratura abra un sumario a los jueces implicados.
Desde los sectores políticos que respaldan al kirchnerismo, se exhibe la conversación como “la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare [el uso de la judicatura con fines políticos]”, en palabras del ministro de Justicia, Martín Soria. Al día de hoy, todavía es imposible saber si estos datos son verdaderos o no. Pero lo que queda claro es que la polarización política que azota a Argentina desde hace años ya va a continuar aumentando. No se trata de una buena noticia para el presidente Alberto Fernandez, que por lo contrario necesita más que nunca de una mínima estabilidad para reordenar la economía y encauzar el crecimiento económico y social de su país, de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter : @Gaspard_Estrada