Uno.
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo sostiene que ampliar a cuatro carriles la carretera Acapulco-Pie de la Cuesta sería muy costoso y complejo, por las afectaciones territoriales que exige el proyecto. En su lugar, argumenta a favor de un proyecto que le propuso una empresa privada para construir una carretera de cuota a ese balneario, que se extendería por la parte alta de Mozimba.
O sea, como nuestros impuestos no alcanzan para financiar una obra pública que promete ser además una rentable inversión turística, nos pide apoquinar unos pesos más para patrocinar un negocio privado.
Dos.
De acuerdo con el cálculo optimista de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, la mitad de las 38 mil unidades del transporte público en Guerrero se encuentra en malas condiciones. Por ello, justifica el director de la dependencia Félix González Figueroa, la Secretaría de Desarrollo Económico estatal diseña un plan de créditos para que los propietarios de camiones urbanos y taxis puedan reparar o renovar sus vehículos a partir del año próximo.
O sea, no bastó la complaciente autorización oficial del aumento a la tarifa del pasaje de camiones urbanos, que tanta irritación despertó; tampoco importa que el servicio que brindan los transportistas –independientemente de la cacharrez de sus unidades– sea pésimo, negligente y hasta irresponsable; en nada afectan el caos, la anarquía y la ilegalidad que caracterizan a este sector, ni la impunidad de la que goza.
Y el colmo. A las autoridades tampoco les parece necesario justificar la decisión de financiar con recursos públicos a empresarios que ya se benefician con la explotación privada de una ¡concesión!
Olvidan que las concesiones públicas también deben dar resultados públicos. No son negocios privados para hacer con ellas lo que se quiera, por lo que el gobierno está obligado a vigilarlas y regularlas para proteger a los ciudadanos.
La razón de ser de la regulación estriba en que, puesto que la empresa concesionaria suele convertirse en un monopolio en un área determinada, los precios y servicios ofrecidos a los consumidores no estarán regulados por la libre competencia, por lo que el gobierno tiene que reemplazarla mediante normas.
El objetivo es asegurar un servicio adecuado y barato a los consumidores, permitiendo que la empresa concesionaria pueda obtener ganancias, parte de las cuales se deberán reinvertir.
Sin olvidar que, en principio, para poder aspirar a una concesión pública, el solicitante debe acreditar plenamente su solvencia económica.
Pero nuestro gobierno es muy generoso. O sea, “y su nieve, ¿de qué sabor la desea?”. “De limón, si es tan amable”.
Tres.
El procurador Eduardo Murueta Urrutia recomendó a los ciudadanos que eviten viajar a bordo de vehículos con placas de Tamaulipas, para no correr el riesgo de convertirse en blanco de sicarios del crimen organizado, particularmente de la banda conocida como Los Pelones, del cártel de Sinaloa, dirigido por los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán
O sea, que ya de plano el gobierno estatal tira el arpa en el combate a la delincuencia organizada, reconociendo en un arranque de franqueza su incapacidad para prevenir, enfrentar, perseguir y castigar a los responsables de la violencia.
Como no han podido detener ni amedrentar siquiera a ninguno de los responsables de casi dos centenas de ejecuciones, unos 50 levantamientos y cuatro decapitaciones, tan sólo en Acapulco. “Algo hay que hacer”, dice el procurador, para luego reprochar la falta de apoyo de las corporaciones policiacas federales.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? De seguro habrá alguna empresa privada interesada.

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