Es tan diverso ese despojo que tiene un solo nombre, y se llama capitalismo. Segunda Declaración de la Compartición del CNI-EZLN.

El 7 de noviembre de 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional. Era una serie de modificaciones que permitirían, entre otras cosas, enajenar las tierras de los ejidatarios o convertirlas en pequeña propiedad para la explotación de la superficie, el agua y el subsuelo. Dejaría que se asociaran ejidatarios e inversionistas. A estos últimos, la reforma les abrió las puertas para invertir en el campo y liberó con ello el mercado agrícola a la oferta extranjera. Sería, como sabemos hoy, la sentencia de muerte para el campo mexicano. La reforma fue aprobada el 5 de diciembre del mismo año por un Congreso a modo con sólo 50 votos en contra y 387 a favor.
Las tierras comunales sobre las que los pueblos originarios –empleo originarios como lo hacen los zapatistas al reapropiárselo, aunque concuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui en que el término tuvo un primer uso cooptacional de los gobiernos neoliberales en los años noventa– sustentan buena parte su territorio, su cultura y sus saberes, quedaron de pronto propensas a ser ofertadas en el mercado a precios de coerción, violencia y muerte. Como me cuenta de primera mano un concejal chinanteco del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), la avanzada de esas enajenaciones simuladas suelen ser el amedrentamiento, la intimidación y los asesinatos selectivos entre los pueblos por parte de los brazos armados del narco, así como las policías y el Ejército, indistintamente.
Existen por todo el país comunidades deshabitadas debido a la migración ocurrida tras las amenazas de la delincuencia organizada. Y es en esas mismas localidades donde han aparecido más tarde concesiones mineras, por ejemplo, después de años de negarse a certificar sus ejidos en los programas gubernamentales –como el de Certificación de Derechos Comunales. Es el caso de varios pueblos de la sierra de Guerrero. En este nuevo formato de guerra informal que ocupa a los sicarios como paramilitares del gobierno, la estrategia de despojo neoliberal a partir del salinato hasta el peñato de hoy es casi idéntica a la de la época carrancista. Y no olvidemos que Venustiano Carranza fue uno de los asesinos de Emiliano Zapata.
La institución impuesta por el propio gobierno para cooptar y simular legitimidad en las consultas que validan estos despojos disfrazados es el Concejo Supremo: una versión cooptada de las asambleas y concejos de ancianos, pero que carece de legitimidad al interior. Durante las mesas de trabajo de la pasada Asamblea Nacional del CIG, se insistió en reforzar las asambleas y exigir que se cumpla en los hechos el principal instrumento internacional que tienen nuestros pueblos: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
A pesar de que el Convenio 169 de la OIT fue firmado por el gobierno mexicano en 1989, las reformas al artículo 27 significaron el inicio del despojo y un pisoteo descarado a los derechos de los pueblos. Fue el inicio de una serie de políticas de sangre. Pero, en esencia, fue también lo que motivó la revelación de dos levantamientos emblemáticos de la historia reciente: el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y, dos años más tarde, el del Congreso Nacional Indígena, que hoy propone un Concejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy para llevar la palabra de estas resistencias contra la muerte y el despojo.
El 16 de agosto de 2014 fue publicada la Segunda Declaración de Compartición del EZLN y el CNI que reúne las experiencias de resistencia de 29 pueblos en todo el país contra esta ola de invasión y despojo, también conocidas como Los Espejos. La declaración es hoy más vigente y más urgente de leer que nunca (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-a-nuestros-pueblos/)
Un dato revelador. En una encuesta realizada por la revista Nexos a propósito de las reformas al artículo 27 en 1992 (https://nexos.com.mx/?p=6394), la población consultada –mayormente citadina– se manifestó “de manera contundente” a favor de que se otorgara derechos de propiedad privada sobre las tierras comunales y ejidales, “convertirlas en pequeña propiedad o enajenarlas”. Y así como ésta hubo muchas publicaciones que elogiaron las reformas salinistas. Me surge, por tanto, una inquietud. ¿Fue sólo el Congreso de la Unión el que se prestó con su voto a uno de los despojos más grandes de la historia del país, o fueron también muchos de los intelectuales mexicanos –de derecha y de izquierda– seducidos por el supuesto progreso que traerían las políticas neoliberales de Salinas de Gortari quienes, en su coqueteo con el poder o con su silencio solapador, permitieron que este robo en despoblado se perpetrara de manera tersa ante la opinión pública?
Algo de memoria sobre estas reformas de sangre y de muerte no nos vendría mal hoy que algunos y algunas de esos mismos cortesanos del salinato cacarean tanto el nombre de Marichuy y el CIG.