En abril de este año fue aprobado por el Senado el dictamen para la Ley de Amnistía propuesta por el titular saliente del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Hace dos semanas entró en vigor esta ley, sin importar –como muchísimas de las políticas de la “Cuarta Transformación”– que el proyecto sea una ley totalmente contraria a los estándares internacionales.
A decir de AMLO, la Ley de Amnistía tiene la finalidad de facultar al presidente de la República a que pueda otorgar amnistías discrecionales a personas sentenciadas o bajo proceso penal. Pero esto solamente en caso de que aporten información fidedigna para el esclarecimiento de casos notables para el Estado mexicano.
AMLO está desesperado. Tiene demasiada prisa. Y, como muchas cosas en su gobierno, la urgencia termina siendo la mejor hermana de la incompetencia, de la corrupción y de la injusticia.
Esta iniciativa tiene una dedicatoria muy clara. La Ley de Amnistía –en palabras del propio representante del Ejecutivo– lleva como sustrato la verdadera urgencia a última hora de la más oprobiosa de sus muchas mentiras de campaña incumplidas: el caso Ayotzinapa.
No obstante, a diferencia de otras experiencias internacionales donde están vigentes leyes similares para la amnistía acompañadas de procesos de justicia transicional, la nueva ocurrencia en el contexto mexicano no termina de ser del todo clara –y ecuatorialmente distanciada del prometido escenario abrazado por dicho proceso de justicia transicional. No es clara ni en sus alcances ni en su discrecionalidad. Mucho menos en su propósito supuestamente original a unos meses de que AMLO abandone su cargo: dar con la verdad y la justicia para dolorosos casos de lesa humanidad en los que el Estado mexicano ha sido cómplice y solapador. Como el de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa.
A pesar de la voluntad desnudamente política de AMLO, voces críticas como la del especialista en derecho internacional y justicia transicional Jacobo Dayán en su espacio de Aristegui Noticias, han asegurado que esto no es mínimamente suficiente para resolver el caso Ayotzinapa y que “el presidente busca una facultad extralegal para lograrlo”. Dayán ha advertido desde hace mucho tiempo que “el presidente busca cerrar el caso Ayotzinapa antes de terminar su sexenio”, y ahora lo intenta mediante la liberación de algunos implicados a cambio de información. Es decir: un carpetazo insensible al vapor antes de bajar las cortinas y largarse. La Ley de Amnistía de AMLO resulta, en opinión de Dayán, “totalmente contraria a los estándares internacionales”.
Digámoslo con todas sus letras: ante la falta a su palabra para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, y su subordinación evidente a las fuerzas armadas que participaron en esa desaparición, AMLO busca ya desesperadamente la facultad de liberar a un puñado de personas para decir que resolvió el caso Ayotzinapa. Y lavarse las manos. Aun a costa del dolor y la falta de justicia y verdad para los centenares de familiares y sobrevivientes de entre los estudiantes.
Esta ley no sólo puede calificarse, por tanto, de una nueva simulación para esclarecer crímenes de lesa humanidad sino, en los hechos, de un arma más para la acumulación regresiva del poder unipersonal de la Presidencia en los años sucesivos. Como en el maximato. O en la época dorada del PRI.
“Lo que está buscando AMLO es una facultad extralegal –reitera Dayán–, porque cuando se litigue en la Suprema Corte, o incluso en tribunales internacionales, México lo va a perder. Es un hecho. Hay antecedentes. Hay que recordar las amnistías argentinas que se tuvieron que echar para atrás. Cuando se trata de esos crímenes no hay amnistía”.
Mientras tanto, el pasado 26 de junio –al cumplirse 116 meses del operativo estatal contra los normalistas en Iguala– madres y padres de los 43 y sus representantes legales denunciaron que la Fiscalía General de la República se encuentra buscando y analizando restos óseos en el área, negando los avances de los últimos 10 años de los peritos de las familias y los organismos internacionales.
¿Será que con estos últimos movimientos, tanto del Ejecutivo como de la Fiscalía, se pretende construir una desesperada e improvisada “verdad histórica” como la de Enrique Peña Nieto a unos cuantos meses de que termine este gobierno? Muchas y muchos quisiéramos pensar que no. Pero, para quienes hemos acompañado y estado cercanos a Ayotzinapa, la miseria humana y la incondicionalidad al poder militar de AMLO nos ha contradicho una y otra vez durante los últimos seis años.