EL-SUR

Sábado 14 de Septiembre de 2024

Guerrero, México

Opinión

CANAL PRIVADO

Juan García Costilla

Noviembre 08, 2006

El desmantelamiento de la malla de la Marina Performance en el Malecón, luego del rechazo social que generó su colocación y principalmente de la oposición y las protestas de diversos grupos civiles, políticos y ambientalistas acapulqueños, es una conquista cívica que vale la pena destacar.
Desde la perspectiva concreta del conflicto de la marina, está claro que la victoria es muy modesta y no justifica grandes celebraciones; ya lo dijo el director de la Administradora Portuaria Integral (API), Octavio González Flores: “El que se haya retirado la malla no significa que no se haga el proyecto”.
Pero visto desde una perspectiva más amplia, a partir de la revisión del comportamiento habitual del poder económico en la historia de Acapulco, el hecho adquiere una relevancia nada despreciable.
Desde que comenzó el crecimiento turístico del puerto, los señores del dinero han impuesto condiciones, pasando por encima de la voluntad y el interés de los ciudadanos.
Poco a poco, los acapulqueños fueron marginados de las decisiones sobre el futuro de su ciudad, y de las utilidades que la industria generaba. Pero ademas fueron perdiendo identidad, paisaje, incapaces de evitar la depredacion física y económica de la naturaleza.
Pero nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de dos factores esenciales:
El primero, la complicidad, debilidad y tibieza de los gobiernos estatales y municipales, facilitando y allanando el camino a proyectos privados a espaldas de los ciudadanos, quienes se enteran casi siempre de alguna obra, hasta que ya está terminada.
El segundo, la desarticulación de la sociedad civil, de por sí mayoritariamente pasiva, que desactiva sus esporádicos intentos de participación, más allá de las urnas.
Salvo honrosas excepciones. Como fue la defensa del parque Papagayo, que frustró la venta de ese espacio público a una empresa privada, que había prácticamente formalizado el extinto ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
A finales de 1991, algunos acapulqueños descubrieron que varios tractores y máquinas estaban derribando árboles y aplanando cerros en el parque, sin que se supiera el motivo de esos trabajos.
Cuando el gobierno estatal se vio obligado a informar sobre el proyecto, el rechazo social creció de inmediato, encabezado por un grupo de ciudadanos que enfrentaron sin flaquear al poderoso Ruiz Massieu a lo largo de todo 1992, hasta que se dio marcha atrás.
La sinergia política que generó ese movimiento estimuló el nacimiento del Frente Cívico, grupo del que surgió el ahora gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Pero fue un garbanzo de a libra, la excepción que confirma la regla. Y la regla consiste en que en Acapulco los empresarios construyen edificios a la orilla de la playa, talan selvas, bloquean cauces pluviales, arrojan aguas negras al mar, bloquean accesos a las playas, violan reglamentos de construcción, discriminan a la clientela y evaden impuestos, sin contrapesos ni límites.
Por eso el retiro de la malla de la Marina Performance es importante. Es una pequeña conquista, pero que seguramente alentará el apoyo de más grupos ciudadanos a los que iniciaron la defensa de ese espacio. Lo van a necesitar.
Ya lo decía el director general de la empresa Desarrolladora Ixtapa, Jorge Aboumrad Ayub, en una entrevista que le hicieron sobre su proyecto de construir marinas náuticas en varios puertos mexicanos: “Tenemos hecho el 90 por ciento del trabajo” y sólo falta quitar “algunas piedritas del camino”.
Aunque no explicó cuáles son esas “piedritas del camino”, es posible que estuviera pensando en conflictos como el que le reventó en el Malecón de Acapulco. Pero para él, esos obstáculos no son más que “piedritas”. Puede que tenga razón.
Porque, por ejemplo, aunque el expediente del Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto de la Marina está disponible para cualquiera que desee revisarlo, e incluso para emitir una opinión, luego de 20 días tan sólo un regidor, un periodista y un ciudadano se han acercado.
Peor aún, cuando se le preguntó al delegado de la Semarnat Miguel Ángel Calzada Adame, si el Subcomité de Concertación de Zona Federal que preside el alcalde Félix Salgado Macedonio ha omitido su opinión sobre el proyecto de la Marina, respondió que no.
“No ha opinado, una cosa es el presidente municipal y otra (es que de su opinión) general como comité de concertación de zona federal, deben de hablar todos y dar una opinión general, el expediente está abierto pero no nos han dado su opinión”.
Es grave que la sociedad no participe, y aún más que los gobiernos no alienten esa participación, cuando deberían incluso institucionalizarla.
Por eso termino con algunos párrafos de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 sobre la importancia de la participación social.
“El desarrollo democrático al que aspiramos comprende la participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de decisiones.
“Cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relación personal es más directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran un beneficio común.
“Con su colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procure resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general.
“La participación social juega una función educadora, desarrolla la conciencia cívica de los vecinos, refuerza los lazos de solidaridad y hace más comprensible la noción de interés general, permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública municipal; la participación es a la vez, un medio y un objetivo democrático, que reconoce el derecho de intervención de todos los ciudadanos, produce conocimientos, nuevas modalidades de acción y persigue fines igualitarios para la sociedad. Es expresión y defensa de la sociedad y cumple una función de crítica a la posible particularización de los asuntos públicos.
“La participación social permite establecer una identificación entre necesidades y soluciones a los problemas que se enfrentan, el aprovechamiento mejor de los recursos de la comunidad; responsabiliza y compromete a los ciudadanos, desterrando el paternalismo e interesándolos en el mantenimiento de las obras construidas con su propio esfuerzo, favoreciendo el desarrollo individual y comunitario”.
En síntesis, la participación social no se opone al desarrollo, por el contrario, lo alienta.

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