Tal y como lo pidió usted, en mi calidad de ciudadano en vigila, le informo que el 21 de marzo del 2014, la mujer indígena, Brígida Campos García, de 20 años de edad y su bebé de nueve meses de gestación, encontraron el final de sus días de vida en el Hospital Comunitario de Copala “por inadecuada atención médica con pérdida de la vida”, de acuerdo con la investigación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigidas al gobernador del estado de aquel entonces.
Desde esa fecha al día de hoy, el gobierno estatal las ha cumplido insuficientemente. Entre ellas están las medidas cautelares para proteger a la madre y otros familiares de la infortunada Brígida, ante las amenazas y acosos que sufrieron por parte de empleados del  hospital de marras.
Brígida era originaria de la comunidad El Potrero, del municipio de Ayutla; llegó al hospital para tener su parto natural. Fallece después de una espera fatídica de casi cinco horas sin ser atendida. El personal médico tampoco verificó si el bebé seguía con vida para aplicar de inmediato una cesárea y salvarlo. De esa manera, quedó configurada la muerte de dos personas por negligencia médica. Personal del hospital introdujo el cadáver de  Brígida en una ambulancia e ilícitamente lo trasladaron a su domicilio particular, sin el acta de defunción correspondiente; informando únicamente con mendacidad a sus familiares que su muerte fue por tuberculosis fincándose así un presunto delito penal. Ante eso, los familiares de los fallecidos levantaron una queja ante la CNDH.
Realizada la investigación, la CNDH concluyó que: “AR1, médico general adscrita al Hospital Básico Comunitario de Copala de la Secretaría de Salud de Guerrero, transgredió en agravio de V1 (la madre) y V2 (el bebé), el derecho a la protección de la salud, al trato digno y a la vida”. La CNDH enfatizó que las violaciones “tuvieron una consideración especial en razón de su condición de indígenas”, por lo que el ombudsman nacional, entonces Raúl Plascencia Villanueva, emitió la recomendación general número 43/2014. El documento contiene siete recomendaciones: 1) Que el gobernador proceda a reparar el daño causado por los empleados del hospital a los familiares de los fallecidos, incluyendo la atención médica y psicológica correspondiente; 2) Que colabore con la CNDH en el seguimiento e inscripción de la madre y el bebé en el Registro Nacional de Víctimas, para que sus familiares tengan acceso a los apoyos y reparaciones previstas en la Ley respectiva. 3) Que instruya al secretario de Salud estatal para que atienda las solicitudes de información “con toda puntualidad” y colabore ampliamente para la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos ante la Contraloría Interna de la SSA y ante las instancias judiciales. 6) Que el personal médico del hospital de Copala sea profesionalmente certificado o recertificado. 7) Que se impartan en los establecimientos de salud del gobierno del estado programas integrales de capacitación sobre derechos humanos. (El Sur. 27/9/2014).
En lo substancial no se ha avanzado mucho en el cumplimiento de las recomendaciones. A guisa de ejemplos: 1) La Secretaría de Salud no apoyó a los familiares para su inscripción ante el Consejo Ejecutivo de Atención a Víctimas; lo hizo la Organización del Pueblo Indígena Me’pha (OPIM). 2) La actitud tramposa y mentirosa del abogado Javier Guerra Zermeño, representante legal de la Ssa al regatear las reparaciones económicas correspondientes, con montos por debajo de lo que estipula la ley. 3) Un juez del fuero común dictaminó que no había delito que sancionar.
Por último, le informo Sr. secretario de Gobernación, que el documento señalado indica que la CNDH podrá solicitar al Senado de la República o al Congreso local, la comparecencia del gobernador del estado por incumplimiento de las recomendaciones.

PD1. Le deseo feliz navidad, cosa que no tendrán los familiares de las personas hoy occisas.

PD2. Me piden que hable bien de Guerrero, cuando los gritos mudos de múltiples asesinatos son verdaderamente ensordecedores.