De la actual administración federal se pueden decir muchas cosas, menos que nada pasa. La razón principal es que experimentamos no sólo los sobresaltos propios del paso de uno a otro gobierno, sino que asistimos a un cambio de régimen, esto es, a una nueva formulación de la política, de las instituciones y de las formas de gobernar.
Por supuesto, nada justifica una actitud complaciente de la oposición ni de quienes analizan lo que ocurre en el ámbito del poder. Cada cual debe cumplir con su función, pues de otra manera la sociedad sólo sería una orquesta monocorde, aburrida, sin capacidad para la necesaria confrontación de toda colectividad democrática ni para la superación de las diferencias por el camino de los acuerdos y la construcción de soluciones eficaces.
Cuando se realizó la reforma política de 1977, don Jesús Reyes Heroles, uno de los hombres más brillantes del viejo régimen, dio la bienvenida a nuevos partidos y a las naturales resistencias que enfrenta el poder, todo poder, pues, decía: “lo que resiste apoya”. Y en efecto, si se quiere una construcción política con la necesaria solidez, hay que dar la bienvenida a la disidencia legal porque manifiesta los contrapesos sociales.
No es precisamente el caso de la Policía Federal, que a su proverbial ineficiencia ahora suma su disposición para insubordinarse. Por supuesto, no se descarta que los movimientos ordenados por el Ejecutivo, especialmente la incorporación de sus efectivos a la Guardia Nacional, lesionen derechos constitucionales de los policías federales, pero las formas que adquirió la protesta son inaceptables en un cuerpo no precisamente militar, pero sí militarizado. Por fortuna se actuó con cabeza fría y al parecer el conflicto se halla en vías de desactivarse. Qué bueno, pero habrá que hacer un seguimiento puntual de esos comportamientos.
Lo evidente es que hay, desde hace varios sexenios, un notorio desajuste entre el marco legal y lo que ocurre en la realidad. El mal ejemplo lo pusieron gobernantes ladrones, y cuando eso ocurre, ese comportamiento delictivo e impune es el ejemplo más presente para los ciudadanos. Nos molestan las manifestaciones que ocupan avenidas de mucho tránsito, los bloqueos que alteran la movilidad y la economía, lo mismo que los paros locos que han sustituido a las huelgas, pero en muchos casos tales recursos se han convertido en el único medio para obligar a las autoridades a escuchar y resolver demandas populares.
Vivimos, hay que insistir, un claro divorcio entre la normatividad y la realidad. De cada cien delitos que se denuncian –que están lejos de ser todos los que se cometen–, sólo se investiga un 11 por ciento y menos de dos por ciento llegan hasta la sentencia de un juez. Nuestras policías son incapaces de prevenir razonablemente la criminalidad, de combatirla con eficacia y de investigar debidamente hasta hallar culpables y ponerlos ante los jueces, que con mucha frecuencia no se distinguen por su virtud.
Con una oposición sumida en el desastre que su corrupción e indolencia generaron, el señalamiento de errores, desviaciones e insuficiencias del poder público queda a los grupos sociales organizados, a los periodistas y, por supuesto, a las instituciones autónomas que se ha dado el Estado mexicano.
Una de esas instituciones es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo papel es la denuncia puntual de todo abuso de poder que lesione al ciudadano. Por supuesto, la actuación de la CNDH no siempre ha sido satisfactoria, pues más de una vez ha incurrido en una excesiva complacencia con el poder político, fuente principal de agresiones a la persona.
Al actual gobierno federal le irritan las denuncias de la CNDH y no lo oculta. Pero en medio de todo, la obligación de ese organismo es la denuncia de todo abuso o medida que lesione la convivencia, como es el caso de las guarderías. Por eso, sin renunciar a las necesarias críticas que merezca esa Comisión, debemos preservarla y fortalecerla, pues es un importantísimo dique ante los abusos del poder.
Por eso, parece descabellado que se esté manejando la sustitución de la CNDH por una Defensoría del Pueblo de perfil incierto y características más aceptables para el poder, el que puede. ¿De qué se trata?

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