Gaspard Estrada
Febrero 14, 2024
Los últimos días han sido tensos en Colombia, y más particularmente en su capital, Bogotá. Manifestantes movilizados por el presidente Gustavo Petro bloquearon los accesos al Palacio de la Suprema Corte de Justicia para exigir un nuevo fiscal general. Los disturbios en la capital estallaron después de que el alto tribunal anunciara que había vuelto a fracasar en su intento de elegir al sucesor del fiscal general saliente, Francisco Barbosa. Como consecuencia de este fracaso, la vicefiscal general Martha Mancera asumirá la fiscalía el lunes a pesar de las evidencias, publicadas en varios medios de comunicación, de que protege a presuntos narcotraficantes.
En un intento de presionar al tribunal para que impidiera la toma de posesión de Mancera, unas 20 mil personas salieron a la calle en Bogotá. Algunas decenas de estos manifestantes bloquearon la entrada al estacionamiento del palacio de justicia después de que el tribunal anunciara que seguiría votando para elegir a un nuevo fiscal jefe en dos semanas.
Al parecer, los manifestantes lanzaron una piedra a un magistrado del tribunal que intentó salir del edificio judicial por la puerta principal mientras otros permanecían encerrados en el interior. El presidente del Tribunal Supremo, Gerson Chaverra, condenó el “asedio”. Múltiples expertos judiciales y medios de comunicación habían pedido al tribunal que eligiera a un nuevo fiscal jefe antes de la fecha límite del lunes. Chaverra, sin embargo, insistió en que el tribunal decidiría el tiempo necesario para elegir al sucesor de Barbosa a partir de una terna que le había presentado el presidente. También el jueves, el presidente de la Corte Suprema dijo que el tribunal no cedería ante “presiones, ataques o amenazas”. La violencia en Bogotá se produjo tras meses de escalada de tensiones entre el gobierno de Petro y Barbosa, compañero de universidad del ex presidente Iván Duque. A principios de esta semana el presidente acusó a la fiscalía de investigarle ilegalmente tras una redada en un sindicato que había aportado fondos al partido de Petro, Colombia Humana.
A este escenario de tensión en Bogotá, hay que agregar una crisis de seguridad existente, esta vez, en las principales cárceles del país. El pasado lunes, el gobierno decretó un estado de emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión, todos con un alto hacinamiento.
La medida se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El hecho más reciente es el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado el sábado pasado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
El director del Inpec explicó que con base en el decreto de emergencia carcelaria se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas, particularmente activas en el departamento de Valle del Cauca (suroeste). Ante esa situación, las autoridades del Valle del Cauca militarizaron la ciudad. Adicionalmente a esta medida, la policía seguirá haciendo allanamientos y visitas sorpresa en las cárceles y se trasladarán presos de los que se sospecha están delinquiendo desde las cárceles.
Es así como Gustavo Petro arranca la segunda parte de su mandato, tras la derrota de la gran mayoría de sus candidatos durante las elecciones municipales de finales del año pasado. Hasta ahora, el primer gobierno dirigido por un ex guerrillero en Colombia no ha conseguido construir una mayoría política dentro del congreso, después de que decidiera romper con los partidos de centro y de derecha que aceptaron, en un primer momento, formar parte de su coalición legislativa. Esta coalición aprobó un cierto número de reformas, incluyendo la reforma fiscal, que le permitió al gobierno aumentar la recaudación y ampliar sus políticas sociales. Pero sin un cambio de rumbo político, el gobierno de Gustavo Petro está en riesgo de empantanarse en la parálisis y la polarización.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter: @Gaspard_Estrada