Durante los últimos días, la prensa internacional ha concentrado sus miradas –y su espacio– en la tempestad política originada por la decisión, el jueves pasado, del pueblo del Reino Unido de salir de la Unión Europea (el llamado Brexit en los medios). Los mercados internacionales cayeron, y la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial está cada vez más presente. Sin embargo, a pesar de estas malas noticias, nuestra región tuvo una excelente noticia la semana pasada: el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) llegaron a un acuerdo político que permitirá firmar en los próximos meses un acuerdo de desmovilización del grupo armado. Es decir que, por primera vez desde hace más de 50 años, Colombia vislumbra la paz. Esto no quiere decir que ésta llegará de manera automática a raíz de la firma del acuerdo entre el gobierno y la principal guerrilla de América Latina. Muchos puntos continúan en el tintero, empezando por el hecho de que las pláticas de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, acaban de empezar. Sin embargo, la ventana de oportunidad, creada tanto por la administración Santos como por la dirigencia de las FARC y del ELN, es única. Pero hay enfrente desafíos, y el principal se encuentra en la opinión pública.
Desde el anuncio, en 2012, de la apertura de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en Oslo (la capital de Noruega, que es uno de los países mediadores de esta negociación) y posteriormente en La Habana (Cuba), una buena parte de la oposición al gobierno de Santos empezó a criticar públicamente este acercamiento. De manera particular, el ex presidente Álvaro Uribe (que gobernó Colombia entre 2002 y 2010) se opuso a esta iniciativa política tomada por su ex ministro de la Defensa, y, por este medio, fue constituyendo al paso de los últimos años un grupo político importante que tiene como objetivo principal evitar que el proceso de paz, tal como está siendo negociado en La Habana, llegue a buen puerto. En 2014, este grupo político se transformó en un partido político (Centro Democrático), y obtuvo un número elevado de congresistas y alcaldes. A pesar del hecho de que este bloque es minoritario, tanto en el Congreso como en la sociedad colombiana (según las encuestas de opinión recientemente publicadas, tiene un capital político no despreciable, sobre todo si tenemos en cuenta que, para que el acuerdo a ser firmado por el presidente Santos y las FARC-EP tenga validez, tendrá que ser ratificado por la vía de un referéndum. Es decir, existe la posibilidad de que el acuerdo existente entre las partes sea anulado por la voluntad de los colombianos. Es por eso que la batalla en la opinión pública para defender este proceso continuará durante algunos meses.
En caso en de que este acuerdo se confirme, Colombia deberá transitar de una sociedad acostumbrada a vivir en guerra, a una sociedad en paz. Eso tendrá implicaciones en varios sectores del Estado. Por ejemplo, las fuerzas armadas y de seguridad deberán ver reformuladas sus misiones, al no tener ya enemigos a vencer en el plano interno, lo cual tendrá impacto en el financiamiento de esta institución. Por otro lado, habrá que ver cuáles serán los “dividendos de la paz”, en términos de inversiones extranjeras, aumento del turismo… Sobre todo, cómo se realizará la integración de los ex guerrilleros en la vida política del país. ¿Los colombianos estarán dispuestos a perdonar, después de décadas de guerra y muerte? Esperemos que el proceso llamado “post-conflicto” lo permita.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

@Gaspard_Estrada