Avanzan las campañas electorales y no se sabe bien a bien cuál es el proyecto de cada candidato. Paralelamente, sus posibilidades de concretar las promesas figuran en una nebulosa y, sobre todo, lo que vemos y escuchamos no son propuestas, sino ataques, ofensas, descalificaciones y, en el colmo, expresiones insultantes que lesionan más a quien las emite que a quien las recibe.
Sin embargo, hay también señalamientos atinados. Hace varios años, cuando se desató la fiebre panista en el ramo de la construcción, fenómeno que se manifestó especialmente en la delegación y luego alcaldía Benito Juárez, las irregularidades en los permisos, las comprobadas faltas a la normatividad, las fallas en la edificación y los fraudes que han padecido los compradores dieron paso a la expresión “cártel inmobiliario”.
Por supuesto, la palabra cártel tiene una connotación delictiva, lo que se entiende porque entre constructores y autoridades de la citada alcaldía hay un contubernio, mismo que hoy tiene en la cárcel a varios involucrados y a otros que se espera respondan por sus fraudes. Por todo eso –y más—resulta inaceptable y hasta risible que los panistas pidan al Instituto Electoral de la Ciudad de México que se prohíba la mera mención del cártel inmobiliario, pues, según ellos, eso perjudica a su candidato al gobierno de la Ciudad de México. Por algo será.
Por otra parte, los candidatos deberían cuidarse de las malas compañías. No resulta esperanzador que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, aparezca ahora con Claudia Sheinbaum. Al tal Eugenio, el PVEM, partido-mercancía, lo tiene como candidato a senador, pese a que estuvo seis años en la cárcel por el delito de peculado. Lo lamentable es que antier apareció junto a la candidata de Morena, lo mismo que Rocío Nahle, aspirante morenista al gobierno de Veracruz a quien le han descubierto más propiedades que a la sábila.
También está pendiente la demanda de la oposición de que se suspendan las mañaneras durante la campaña electoral. El asunto ya fue rechazado en una primera instancia, pero está por revisarlo el Instituto Nacional Electoral, pues las insistentes referencias del Ejecutivo a hechos y personas involucrados en el proceso comicial afectan de manera obvia a unos u otros actores. Para el caso, bastaría con autorizar respuestas puntuales del gobierno a las acusaciones injustas.
En el INE continúan las desavenencias, pero nadie se espante: es un órgano colegiado y lo esperable es que se expresen diversos puntos de vista, sobre todo cuando se pretende hacer del consejo un equipo al servicio del poder, del que puede. La resistencia de quienes rechazan esa posibilidad debe tener apoyo social y, a la vez, la exigencia de un desempeño eficiente, acorde con el dineral que recibe cada consejero.
Por eso mismo cobró relevancia el rechazo al voto de casi 40 mil mexicanos que viven en el extranjero, pues la Dirección del Registro Federal de Electores resolvió eliminar a unos de esos votantes por “inconsistencias menores” y, a otros, por estar en “un nivel mayor de irregularidades”. En ambos casos, se supone que tales irregularidades se produjeron porque los ahora afectados entregaron datos incompletos para su registro, pero habría que preguntar qué funcionarios aceptaron esa irregularidad.
Hasta ahora, el Registro Federal de Electores contaba con la mayor aprobación social entre todos los órganos comiciales, pero en este caso las fallas, si es que verdaderamente existen, muestran que algo no funciona bien a la hora de extender credenciales de elector. Con tales fallas, son aparentemente sólo 40 mil ciudadanos los afectados, lo que es poco en una lista de casi cien millones, pero nada impide suponer que las irregularidades sean muchas más.
Hasta el martes se habían reincorporado a la lista dos mil 849 votantes y se espera que antes del día 28 se regularice la situación de 20 mil 900 más, aunque no hay optimismo frente a los casos restantes. Insistamos: hasta ahora, el número de “irregulares” es ínfimo, pero no es pretexto para vulnerar el derecho al voto de cada ciudadano. El INE dispone de una autoridad que no debe ser puesta en duda por fallas internas, pero debemos saber por qué ocurrieron.