EL-SUR

Martes 07 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión  

Comicios y dinero negro

Los ministros del gobierno francés hicieron público su patrimonio y resultó que 12 de ellos poseen más de un millón de euros, que no es tanto si se piensa que tal riqueza equivale a poco más de 20 millones de pesos mexicanos. Una bicoca, pues en París, un departamento apenas mediano puede costar varios millones … Continúa leyendo Comicios y dinero negro

Diciembre 21, 2017

Los ministros del gobierno francés hicieron público su patrimonio y resultó que 12 de ellos poseen más de un millón de euros, que no es tanto si se piensa que tal riqueza equivale a poco más de 20 millones de pesos mexicanos. Una bicoca, pues en París, un departamento apenas mediano puede costar varios millones de euros.
Cuando se enteren de lo anterior, los políticos mexicanos soltarán una estruendosa carcajada y empezarán a ver por encima del hombro a sus homólogos franchutes. Varios gobernadores –¿o todos?– pensarán que los pobrecitos galos no saben que la política es para el enriquecimiento personal y hasta de los amigos y parientes. Más aún, los acusarán de ignorar el apotegma heredado de Hank González, según el cual “un político pobre es un pobre político”.
El colmo es que en aquel país de la opulenta Europa los ministros (secretarios de Estado para nosotros) tienen la obligación de informar a los ciudadanos sobre el monto de su fortuna, en tanto que aquí basta con que presenten una declaración a la Secretaría de la Función Pública, la que no se tomará la molestia de comprobar si datos y cifras son fidedignos ni mucho menos averiguará cómo fue que el declarante se hizo del patrimonio que manifiesta, que no necesariamente comprenderá todas sus propiedades, pues para eso hay prestanombres, secreto bancario y fideicomisos, que no casualmente son inauditables, esto es, perfectos para el latrocinio o para guardar inmensas sumas que tiempo después financian las campañas electorales.
La corrupción mexicana está montada, por supuesto, en los hábitos del poder. Porfirio Díaz le daba a su hijito grandes contratos de obra pública mediante empresas en las que el mismo dictador era socio. Victoriano Huerta debió ser igual de ratero, pero el muy borrachín probablemente se bebió toda su fortuna. Después de la revolución, en la que no estuvo ausente el saqueo, mi general Álvaro Obregón hizo de los cañonazos de 50 mil pesos un medio para apaciguar inquietudes golpistas. Y de ahí pal real…
Los gobiernos posrevolucionarios no castigan la corrupción, sino la deslealtad. A lo largo de varias décadas han levantado un enorme edificio de leyes, reglamentos y estatutos dizque destinados a impedir la corrupción. Se trata, por supuesto, de meros papeles, pues la ley sólo se aplica, y mal, cuando algún descarriado cae en desgracia.
Los escándalos del presente sexenio confirman que el poder se aferra a la más cara de sus tradiciones: la corrupción. Lo confirma el desfile de gobernadores ladrones, las cuentas en paraísos fiscales, la adquisición de casas blancas, la construcción de carreteras con socavones, el contratismo que beneficia a empresas dadivosas y otras formas de transa. En varios países, las corruptelas de Odebrecht han llevado a la cárcel a altos funcionarios corruptos que no fueron cuidadosos. En México ningún sinvergüenza ha sido siquiera llamado a declarar, cuando muchos políticos deberían estar en la cárcel.
Todo esto viene a cuento por las denuncias de quien fuera secretario de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, Jaime Herrera Corral. Según su declaración ministerial (Reforma, 19/XII/2017), “la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI” cuando al frente de la SHCP estaba un tal Luis Videgaray.
Las sumas de las que habló Herrera –unos cientos de millones– son insignificantes para los bajos fondos de la política mexicana, donde el latrocinio se mide en miles de millones. Lo importante es que se confirma lo que muchos suponíamos, una práctica que al salirse de todo control propicia los trastupijes del PRI y el enriquecimiento de vivales.
Pero no hay problema. Si el numerito se repite en las elecciones del 2018, el candidato del PRI ya tiene a un achichincle al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del INE (por nombres no paramos), el organismo que se encarga –dicen– de vigilar el gasto de partidos y candidatos. El nombramiento de Lizandro Núñez, quien recientemente trabajó a las órdenes de José Antonio Meade, es un exceso de cinismo de los pristas y sus acólitos. Tan grosera imposición ha motivado la airada protesta del PAN y hasta del PRD, pues no presagia nada bueno si la vigilancia la ejerce quien debe ser vigilado.
Todo indica que veremos repetirse el dispendio, la compra de votos y otras chapuzas ensayadas con tanto éxito en la entidad mexiquense.