La corrupción en México no es un problema cultural. Es histórico y estructural. Es el lubricante por medio del cual se mueve con mayor fluidez todo el engranaje del gobierno en su quehacer público y permite a los funcionarios obtener riquezas materiales extraordinarias en poco tiempo, junto con empresarios inescrupulosos asociados, así como la posibilidad de toda trasgresión a las leyes.
Esa ha sido nuestra desgracia histórica desde la época de la institucionalidad virreinal que aprovechando la lejanía de la madre patria permitía a los virreyes y sus séquitos hincharse de haberes en grado sumo a tal grado que hubo necesidad de establecer los juicios de residencia, o sea, el ex gobernante quedarse un año más en la ciudad sede de su ejercicio de gobierno, mientras los auditores realizaban un trabajo que en la mayoría de los casos terminaba por ser archivado.
Guerrero es uno de los estados de la republica cuya corrupción es fuerte. Por eso no causó mucha sorpresa que la primera iniciativa de ley ciudadana, promovida por más de 610 mil habitantes –sólidamente elaborada por especialistas–, se la hayan pasado por el arco del triunfo la Cámara de senadores y la de los diputados, al aprobar una ley modificada en forma substancial donde le quitaron todo filo, toda garra sancionadora; permitiendo con eso, poder acceder a una mayor acumulación ilícita de riqueza a gobernantes, políticos y legisladores. Deja como optativo y no obligatorio, dar a conocer públicamente sus activos materiales.
La ley anticorrupción aprobada no va a ser acatada por nadie porque en los hechos no posee poder sancionador. Es puro gatopardismo jurídico consistente en realizar los cambios legales necesarios para que nada cambie y todo permanezca igual. Eso provocó una irritación social fuerte en varios ámbitos del espectro social: empresarios, intelectuales, ONGs, etc.
A tal grado fue la molestia que, en un hecho insólito en los anales de sus actividades gremiales, un grupo de empresarios pertenecientes a la Coparmex, hicieron una manifestación pública de protesta y repudio a la ley mocha aprobada. Provocación fue a la vez, la incorporación por parte de los legisladores de la obligatoriedad a los empresarios que quisieran tener tratos comerciales con el gobierno de declarar públicamente todos sus bienes patrimoniales, aun cuando no hubieran sido adquiridos con dinero del erario público.
La postura pro-corruptiva del PRI viene a ratificar su vocación, reiteradamente constatada en forma por demás escandalosa. Tales como el caso de la Casa Blanca comprada por la dama presidencial al empresario favorito de la presidencia. La abrupta suspensión del concurso multimillonario para la construcción de un tren bala donde participaría la empresa consentida de la presidencia y el no menos balconeo de la residencia del secretario de Hacienda, Videgaray, construida por la misma empresa constructora. O el voraz saqueo del erario público perpetrado por el gobernador priista de Veracruz o del que cometió el que fue de Tabasco.
La iniciativa de la ley anticorrupción fue un intento más que quedó frustrado para erradicar este cáncer cuya metástasis ha causado la destrucción paulatina de nuestro país, el desgarramiento profundo de la urdimbre social de la nación y la no menos brutal desigualdad social.

PD. Asombroso es el empecinamiento enfermizo de Florencio Salazar Adame, de tratar de excluir la participación de la OPIM en la operación del Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla. Antepone sus caprichos personales a los intereses mayoritarios de las mujeres indígenas me phaa de aquella zona. Ellas son en última instancia las perjudicadas del chocheo que traemos a cuestas los veteranos del centenario, como diría una amiga en común. A Florencio, lo invitó a recorrer los pueblos de esa zona y vea a las mujeres sumidas en la miseria y en la violencia machista y percatarse lo mucho que les estamos haciendo daño al no poner en operación el Centro de Atención si no es como él quiere. ¡Uf!