La guerra de Morena contra el Poder Judicial ha pasado al enfrentamiento abierto, frontal. De acuerdo con la Constitución, la Cámara de Senadores debió nombrar a dos magistrados faltantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero si bien la Suprema Corte envió desde septiembre las ternas respectivas, hasta ahora el Senado no ha hecho las designaciones y el Tribunal tiene sólo cinco de siete integrantes necesarios “para que pueda sesionar válidamente”.
Ante tal retraso u omisión, Rodrigo de la Peza, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, dispuso que para cubrir las vacantes, fuera el propio Tribunal Electoral el que designara a dos magistradas –así, en femenino– de las salas regionales, quienes deben ser decanas, lo que implica que deben contar con la mayor antigüedad o ser las de más edad.
Pero… ante la petición u orden del juez, lejos de preocuparse por el funcionamiento del TEPJF como dispone la Constitución, extrañamente cuatro de los cinco actuales magistrados que por ahora integran el Tribunal resolvieron no dar trámite a lo dispuesto por De la Peza y, con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora, acordaron presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, pues consideran que “las medidas anunciadas por el juez de distrito son injustificadas y excesivas”.
Por si hiciera falta, los magistrados rechazaron “de manera categórica el infundado actuar del referido juez de distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la sala superior”, y agregaron que el artículo 99 de la Constitución estipula que este Tribunal se define como la máxima autoridad judicial en materia electoral, por lo que cuenta con autonomía ante este tipo de ordenamientos administrativos” (La Jornada, 2/VII/24).
Se puede suponer que la Suprema Corte decidirá si los nombramientos en cuestión son un asunto electoral o si, por su carácter administrativo, procede lo ordenado por De la Peza. Por su parte, Otálora se permitió el beneficio de la duda al votar contra lo acordado por sus colegas y más tarde, en redes sociales, dijo que antes de acudir a instancias penales era necesario “utilizar los mecanismos del Poder Judicial para la revisión de las resoluciones, con el fin de asegurar la correcta impartición de justicia”.
Pues sí, pero el hecho es que el asunto ya escaló hasta extremos que muestran el desgarriate en que se encuentra la disputa entre los poderes de la Unión, pues la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que solicitará contra el juez “juicio político por violar la Constitución” y agregó que para ella “es evidente que (De la Peza) actúa por consigna”, aunque no precisó quién le habría dado la supuesta consigna al juzgador.
Rodrigo de la Peza tiene en su hoja de servicios algunos fallos adversos al gobierno de Morena, como el referente a la obligación que se pretendía imponer a entidades privadas de comprar gas natural a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Antes emitió una suspensión provisional ante el tope de 0.57 por ciento que trataba de imponer el gobierno a las comisiones que cobran los bancos por el manejo de las Afores.
Como es obvio, Rodrigo de la Peza no es monedita de oro, pero algunas voces advierten que el retraso o la negativa del Senado para nombrar a los magistrados electorales pone en riesgo la calificación de los comicios presidenciales, pues el artículo 99 de la Constitución establece que “para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales” y que la Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales”. Sí, siete para funcionar en forma permanente en el cumplimiento de sus atribuciones.
En suma, veremos que pesa más en este lío: si lo dispuesto por De la Peza, o las acusaciones de sus impugnadores. Lo que está a debate es si Claudia Sheinbaum puede ser declarada presidente electa por un tribunal incompleto. Lo que se juega en este caso es el futuro de la República. Ojalá que eso importe a nuestra clase política.