Como todos los años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el pasado 1 de diciembre 2023 los datos de las Cuentas Económicas y Ecológica de México 2022 (ver páginas electrónicas https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CEEM/CEEM2022.pdf y https://www.inegi.org.mx/temas/ee/).
Es interesante conocer cómo vamos respecto a las cuentas ecológicas después de cuatro años (2019, 2020, 2021 y 2022) con una nueva administración federal.
El primer indicador que se tiene es el denominado Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE), que se obtiene de restar al Producto Interno Bruto (PIB, que es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera el país en el año), tanto los costos por el Consumo de Capital Fijo (CCF, que es la depreciación de los activos fijos que posee y los que utiliza un productor, como consecuencia del deterioro físico, de la obsolescencia normal o de daños accidentales normales), y ojo, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental (CTDA). Así, después de restar ambos componentes resulta que el PINE del 2022 es de 75.7 por ciento del PIB, con un monto de 22.3 billones de pesos.
Como referencia, el PINE representó en 2019 el 77.1 por ciento del PIB; en 2020 el 75.0 por ciento del PIB y en 2021 el 75.6 por ciento del PIB promedio. Es decir, 2022 con su 75.7 por ciento de PINE respecto al PIB ha sido ligeramente un mejor año para el país, respecto a los dos últimos años, aunque no llega todavía al valor de 2019 y años anteriores.
De manera específica, en 2022, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental fueron equivalentes al 4.1 por ciento del PIB, que representan una cifra de 1.2 billones de pesos. En el 2021, los Costos fueron similares, 4.1 por ciento, pero en números absolutos un poco menores de 1.1 billones millones de pesos.
Esto, son los costos en los que la sociedad mexicana en su conjunto debería prevenir o buscar resolver, evitando la reducción de sus recursos naturales, así como la degradación ambiental.
En el 2022, del citado 4.1 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.5 por ciento (141 mil 771.6 millones de pesos) y el deterioro ambiental a 3.6 por ciento (1 billón 69 mil 76.2 millones de pesos) del PIB nacional.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos por 72 mil 674.8 millones de pesos (0.3 por ciento del PIB), de los recursos forestales 36 214.9 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB) y del agua subterránea por 32 mil 881.9 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB).
Respecto a los costos de la degradación ambiental comprende las emisiones al aire por 738 mil 950.1 millones de pesos (2.5 por ciento del PIB), la degradación del suelo por 154 mil 194.9 millones de pesos (0.5 por ciento del PIB), la generación de residuos sólidos urbanos por 113 mil 632.4 millones de pesos (0.4 por ciento del PIB), y la contaminación del agua por aguas residuales no tratadas por 62 mil 298.8 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB).
Además del enorme costo de las emisiones al aire de 2.5 por ciento del PIB, no se deja de observar que la suma de costos por agotamiento de aguas subterráneas (0.1 por ciento del PIB) y de aguas residuales no tratadas (2.5 por ciento del PIB) representan un total de 2.6 por ciento del PIB del 2022. En costos económicos, el agua es el tema más importante por su agotamiento y contaminación, indicando una grave crisis en su gestión. Es necesario y urgente que se cambie el rumbo de las políticas del agua.
Es importante resaltar que durante 2022 los gastos relacionados con la protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares equivalen al 15.7 por ciento de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o al 0.7 por ciento del PIB (190 mil millones de pesos). Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2022 debería haber sido 6.4 veces más que la registrada en dicho año si se relacionan ambos conceptos de manera proporcional.
De acuerdo con el Inegi, los gastos en protección ambiental total del sector público, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Ambientales de Naciones Unidas, se distribuyeron de la siguiente manera: 23.7 por ciento en actividades de protección del aire-ambiente y clima, 20.3 por ciento en gestión de los recursos hídricos y 18.1 por ciento en gestión de los residuos. El restante 37.9 por ciento se erogó en actividades diversas, como protección y conservación de la biodiversidad, agua, suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, educación y gestión de la protección ambiental.
No se omite el señalar que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental. Lo que se debe es tratar de reducir los costos por agotamiento y degradación ambiental a través de su prevención. De hecho, en el comunicado de prensa del Inegi sobre las Cuentas Ecológicas 2022 se comenta que como proporción del PIB se gasta una cifra similar a la de Suiza, Suecia, Austria o Dinamarca, aunque no se dice si los costos del PIB por agotamiento y degradación ambiental de dichos países son también iguales a los de México. No debe ser imposible el mitigar progresivamente la contaminación del aire y del agua, así como la sobreexplotación de este recurso.