Catorce defensores indígenas del territorio han sido asesinados por motivos políticos tan sólo en esta primera mitad de 2021.
En cualquier otro contexto, esta noticia significaría un escándalo, una alerta roja a nivel internacional. Pero no tratándose de México, donde la meseta de violencia y el índice de asesinatos dolosos por la guerra militar-capitalista para el despojo de los territorios ha tocado niveles nunca vistos en, al menos, los dos sexenios previos en que se inició y consolidó esta guerra.
Para cualquier gobierno federal que haya llegado al poder gracias a un movimiento que se autoproclamara “humanista” y de “izquierda”, esta cifra sería, por sí misma, desastrosa: ¡14 asesinatos de defensores en lo que va de 2021! O, al menos, sería digna de lamentación, de vergüenza, de solidaridad con las familias de las víctimas. Pero no para el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en Chiapas y Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero, han documentado que los homicidios de los 14 defensores en lo que va de este 2021 ocurrieron en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora. Todos, en represalia por la abierta defensa que hacía cada una y cada uno de ellos de sus respectivos territorios y de las formas de vida de sus pueblos ante la amenaza de proyectos de extracción capitalistas promovidos o avalados por las autoridades.
Más allá de las cifras, los nombres, las historias de cada uno de los caídos tienen que ser contadas.
Tan sólo para el pueblo yaqui éste ha sido un año fatal. El 27 de mayo se dio a conocer la noticia de la desaparición forzada de Tomás Rojo Valencia, uno de sus voceros más incansables en su histórica lucha por el agua. El 21 de junio fue encontrado su cuerpo sin vida. Pero no sólo eso: en el transcurso de esas semanas, Luis Urbano Domínguez, otro luchador de la tribu yaqui, fue cobardemente asesinado. Los motivos de ambos crímenes llevarían como causa principal su lucha de años por la defensa del río Yaqui.
En Zitácuaro, Michoacán, María Eufemia Reyes Esquivel, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes, José Luis Chávez Mondragón y Manuel Carmona Esquivel, cinco miembros del pueblo purépecha, fueron asesinados durante los últimos siete meses mientras llevaban a cabo tareas comunitarias de vigilancia de su territorio, como parte de sus acuerdos de libre autodeterminación ante el abandono en que el Estado mexicano tiene sumida a esa región y en medio de un infierno desatado por el crimen organizado.
En Oaxaca, la comunidad chatina de Paso de la Reina ha entablado una lucha desde hace años contra la imposición de los megaproyectos de la presa hidroeléctrica y el proyecto hidroeléctrico Río Verde. Pero este año les han arrancado cobardemente la vida a cinco de sus autoridades y defensores más notorios en esta lucha: Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Fidel Heras Cruz, quien era presidente del comisariado ejidal.
Otro foco rojo en Oaxaca, como ha reportado desde hace meses Avispa Midia, se ha activado en El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Los pueblos organizados en torno al Congreso Nacional Indígena denunciaron que, el pasado 6 de julio, tras el sobrevuelo de un helicóptero (Agusta-109 Power con matrícula XA-HUX) fueron atacados con armas de fuego por un grupo de personas que se internaron en estas comunidades. No es el primer ataque armado que reciben y la escalada de violencia va en aumento. La comunidad zapoteca declaró que estas acciones forman parte de una estrategia con objetivos claros: “No es coincidencia, ya que por fuentes extraoficiales nos hemos enterado desde hace días que políticos y autoridades de Cuilápam de Guerrero y de nuestro municipio, San Pablo Cuatro Venados, se han reunido y han planeado un ataque hacia nuestra comunidad. El objetivo es tomar el control de la zona para dar paso a las tres concesiones mineras que se han expedido en nuestro territorio sin nuestro consentimiento”.
El pasado 5 de julio, la organización Las Abejas de Acteal –de Chiapas y también parte del Congreso Nacional Indígena–, anunció “con profundo dolor e indignación el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López”, tzotzil del ejido israelita del municipio de Simojovel, Chiapas, y antiguo vocero de dicha organización. El homicidio se cometió en la cabecera municipal Simojovel, en plena mañana, cuando le dispararon a Simón Pedro con un arma de fuego directo a la cabeza desde una motocicleta en movimiento mientras se encontraba comprando en el mercado junto a su hijo menor.
En su denuncia, las Abejas de Acteal afirma que “este crimen es un hecho vergonzoso cometido en un país gobernado dizque por la Cuarta Transformación. Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de la violencia generalizada en los Altos de Chiapas, el Estado mexicano tiene deuda pendiente con la justicia por la masacre de Acteal y hasta la fecha como los anteriores gobernantes, se mantiene en una total omisión para reconocer su responsabilidad, mientras grupos actúan con total impunidad”.
Hay que recalcar que esta atroz ola de violencia dirigida contra los defensores de los territorios y recursos no es aleatoria, sino sistémica. Se da en un contexto de hípermilitarización y simbiosis narcoparamilitar. En el caso de los Altos de Chiapas así lo revelan los reportes del Centro de Derechos Humanos Frayba: https://bit.ly/3e0nQZu.